Se difundió en la víspera que Eukid Castañón Herrera, quien fuera el principal operador político del morenovallismo, había sido sometido a las pruebas de rigor ante la sospecha de una infección del coronavirus, en virtud de que había presentado algunos síntomas del contagio durante su reclusión por acusaciones de extorsión en el Penal de San Miguel.
Ahora se sabe que la versión filtrada anoche pudiera haber sido una maniobra. La Secretaria de Seguridad Pública desmintió que el político haya dado positivo y negó que haya casos confirmados de contagio en el CERESO.
Y de remate, el propio gobernador Miguel Barbosa sentenció que “no se permitirá a nadie que con marrullerías salga de la cárcel y vaya al hospital solo por señalar que está enfermo”.
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No es para enorgullecerse, pero hay que mencionar que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) puso los ojos en México al advertir que la cobertura de la pandemia en el continente ha estado marcada por una tensa relación entre el poder político, sin distinción de ideologías, y los medios de comunicación.
En su más reciente informe sobre libertad de prensa en las Américas, la organización destaca entre las naciones que han registrado mayores tensiones con los periodistas que cubren la pandemia por el COVID-19, a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Brasil, Jair Bolsonaro; de El Salvador, Nayib Bukele; de Venezuela, Nicolás Maduro y… de México, Andrés Manuel López Obrador.
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Aunque todo hace suponer que el domingo entrante el gobierno federal anunciará medidas que permitan mitigar el impacto en la economía por los efectos de la pandemia del coronavirus, lo cierto es que se quedarán cortas ante las expectativas del sector empresarial, que reclama mayores apoyos al sector productivo y el impulso de un plan fiscal que incluya exención de impuestos y estímulos económicos, a lo que se opone el gobierno federal.
Así quedó claro en la mesa de trabajo que celebraron por adelantado empresarios y líderes sindicales en Puebla, quienes coincidieron en la importancia de incentivar a micros, medianas y pequeñas empresas, bajo la consigna de evitar despidos y se detone el desempleo.
Más allá de los acuerdos que a nivel nacional se asuman, es relevante que en Puebla exista un acercamiento entre representantes de los factores productivos y lo deseable es que al menos aquí todos tengan altura de miras ante el muy complicado entorno social.
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Menos mal que la organización Antorcha Campesina aclaró que realizará hasta después de la pandemia del COVID-19 las manifestaciones callejeras como protesta al rechazo, por ilegal, a su pretensión de constituirse como partido político local.
Lo que sí es de risa, es su afirmación de que el gobernador Luis Miguel Barbosa “ordenó a los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla que negaran el registro, ya que a su partido Morena le da pavor la formación de un nuevo instituto político”.
