Muy grave, pero muy cierta la acusación que este miércoles hizo el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al afirmar que la corrupción también llegó a jueces y ministerios públicos en Puebla, para lo cual citó dos casos recientes que así lo acreditan.
Es bien sabido que la colusión entre autoridades –policías, ministerios públicos, juzgadores y gobernantes– históricamente han sido factor fundamental en la alta incidencia delictiva en el país, al generar un clima de impunidad en perjuicio de la colectividad.
Tras referir que una jueza de control dejó en libertad a Alfredo Ramírez Hernández, quien se desempeñaba como delegado de Bienestar en Chignahuapan al ser detenido con arma de fuego y droga y a la esposa de un presunto narcomenudista, el mandatario dijo que no permitirá actos del pasado. “Si creen que van a seguir actuando como lo han hecho antes, los jueces se equivocan”, advirtió.
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En el caso del cierre de calles en un amplio sector del Centro Histórico, como medida preventiva por la pandemia del Coronavirus, tal vez convendría buscar una solución concertada en la que, sin que hubiera riesgos de contagio, se impacte lo menos posible a los comerciantes establecidos.
Y es que a decir del presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez, como consecuencia de la medida unas 8 mil familias han dejado de percibir ingresos, por lo que sugirió un acercamiento con el ayuntamiento de Puebla y acordar cómo se puede ayudar a los afectados.
El líder de los comerciantes relató que hasta ahora van unos 300 negocios que no volverán abrir sus puertas y otros tantos están destinados a fracasar en los días subsecuentes.
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Muchos poblanos se verán seguramente afectados por la firma del decreto que este día hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear temporalmente la inmigración en el país, medida que para muchos tiene como objetivo distraer la atención ante su fallida respuesta a la pandemia del coronavirus, en momentos en que busca ganar la reelección en noviembre próximo.
Tal suceso se dimensiona ante el reciente anuncio que desafortunadamente confirma que Puebla es el estado con el mayor número de migrantes fallecidos por el COVID-19 en aquél país del norte.
Como bien asienta el académico de la Ibero-Puebla Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, ante este escenario la población más vulnerable es la conformada por los indocumentados, quienes además de no beneficiarse de los programas sociales, se encuentran en el desempleo o realizando actividades informales que ponen en riesgo su salud.
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Así sea por la coyuntura de la pandemia del COVID-19, debe celebrarse la iniciativa que permitió instalar un Consejo Consultivo del Indulto en Puebla, mediante el cual será posible la liberación de personas mayores de 70 años con padecimientos mentales, y en general casos como el de mujeres detenidas por el delito de homicidio por causas de parentesco, de indígenas que no hablan español y otros que han cometido delitos no graves.
Al formalizar ese órgano, se destacó que en ocasiones existen instancias que en la mayoría de las veces aplican la ley, pero sin hacer justicia. Por ejemplo, hay 309 casos de indígenas que no hablan lengua española y que por ende desconocen cómo fue dictada su sentencia condenatoria.
Si bien la medida ayudará a reducir riesgos de contagio en centros penitenciarios, la operación del Consejo tiene otros efectos colaterales que no pueden menospreciarse.
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La pandemia global del COVID-19 no respeta ninguna actividad y entre los afectado se incluye también a los medios de comunicación. Tan es así que sólo en los Estados Unidos, donde se presume de solvencia económica, más de 30 mil trabajadores han perdido sus empleos, mientras algunos periódicos han suspendido sus ediciones impresas o incluso han cerrado.
El reporte indica que los efectos económicos de la pandemia han llevado al precipicio a una buena parte de la industria de noticias, ya debilitada, justo en momentos en que la información verificada tanto de salud como de política es literalmente un asunto de vida y muerte.
Pero más aún, esta crisis de los medios es irónicamente acompañada por un incremento significativo de lectores, marcando récords para algunos de los periódicos que ahora enfrentan su posible clausura, y todo mientras continúa diariamente el ataque sostenido y sin precedente del gobierno de Donald Trump contra los medios de noticias.
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