TRANSPORTE
El malestar de los usuarios del transporte público fue enfatizado ayer por la secretaria de Movilidad y Transporte del gobierno estatal al comparecer ante los legisladores, al señalar que quienes usan este servicio, en su mayoría vulnerables y de clase pobre, “merecen un trato más humano”.
La titular de la dependencia, Elsa María Bracamonte, dijo que el objetivo que se persigue es terminar con la corrupción, tener un servicio de calidad y hacer que los poblanos sean tratados como personas, pues reconoció que actualmente “tenemos un transporte que de verdad da vergüenza”.
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VEDA
La consulta para la revocación del mandato presidencial no sólo parece irracional por lo costosa –casi 4 mil millones de pesos– e innecesaria, al preverse los posibles resultados, sino que también contiene disposiciones absurdas, como obligar a una larga veda informativa para todos los niveles de gobierno.
Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa coincidió ayer en que es “un exceso y una exageración” que desde este viernes y hasta el 10 abril se aplique dicha veda y se prohíba no sólo el proselitismo, sino la difusión y propaganda de las distintas acciones de gobierno.
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POLICÍAS
En concordancia con la política del gobierno estatal de no permitir acciones indebidas por parte de los cuerpos policiacos, el ayuntamiento de Puebla decidió separar de su cargo a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron sorprendidos cuando sustraían gasolina de una patrulla.
El propio alcalde Eduardo Rivera señaló ayer que “habrá cero tolerancia a cualquier comportamiento ilegal de corrupción y más aún en perjuicio de los recursos del gobierno municipal”, por lo que los implicados están en investigación y ya fueron dados de baja.
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MUNICIPIOS
Muy lejos de lograr su objetivo se quedaron los pobladores de San José Ixtapa, actualmente bajo la jurisdicción de Cañada Morelos, quienes plantearon ante el Congreso la posibilidad de convertirse en el municipio 218 de la entidad, con el único argumento de que son “el pueblo más antiguo”.
No obstante, los distintos grupos parlamentarios han coincidido en que en algunos casos podría ser procedente, previéndose por ahora los de las actuales juntas auxiliares de San Miguel Canoa e Ignacio Zaragoza, ambas en la capital, más otros que figuran en la lista de espera y que están bajo estudio.
