SEGURIDAD
Al Al reiterar su preocupación por la incidencia de homicidios dolosos, en los que incluso hay evidencias de crueldad, el mandatario estatal Miguel Barbosa indicó ayer que la seguridad de los poblanos está plenamente garantizada y pidió confiar en su autoridad que enfrenta una lucha firme contra la delincuencia.
Afirmó que la aparición de cuerpos desmembrados es parte de los mensajes que se envían bandas delictivas para generar terror y miedo, pero ante ello –dijo– el gobierno no permanece pasivo, ni tiene los brazos cruzados, por lo que cada caso se investiga y será aclarado.
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CONFUSIÓN
A pregunta expresa sobre la posibilidad de que se aplique en Puebla una cuarta vacuna de refuerzo contra la COVID-19 en personas adultas, el secretario de Salud del gobierno estatal, José Antonio Martínez, aclaró ayer que esa alternativa todavía está en estudio por la propia Organización Mundial de la Salud.
La confusión surgió luego que, mientras las mismas autoridades de salud del gobierno federal lo han descartado, pues aún no se cuenta con información suficiente para determinar su utilidad, en Ciudad de México se está convocando a los adultos de 65 años y más para que reciban esa cuarta dosis.
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ESTUDIOS
En el segundo semestre de este año podría hacerse en Puebla una parte de los estudios clínicos que patrocina la farmacéutica Sanofi, con una inversión en el país de casi 5 millones de dólares, para el desarrollo de medicinas de alta especialidad en atención a diversas enfermedades.
Dicha firma global, con fuerte presencia en Europa, Japón y Estados Unidos, tiene interés en reforzar su presencia en padecimientos cardiovasculares y diabetes, además de otros rubros que domina como el asma e influenza, pero también prevé fabricar una nueva vacuna altamente reforzada contra la COVID.
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DURO
El que no encuentra reposo es César Huerta, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, pues a los conflictos por un mal manejo en el proceso de contratación de personal, lo que le valió enfrentamientos con los consejeros del organismo, ahora se suma una denuncia por posible mal manejo de expedientes.
Los exfuncionarios municipales Damián Romero y Magaly Herrera acusaron públicamente al funcionario electoral por haber retenido durante 45 días una acusación que habían formulado y, además, por haber filtrado esa información a medios de comunicación, lo que constituye un delito que debería sancionarse.
