ACUERDOS
Aunque el comportamiento del gobierno de Puebla ha sido institucional y de respeto con el gobierno federal en torno a la pandemia del COVID-19, seguramente coincide con muchos de los planteamientos que se hicieron durante la videorreunión que gobernadores sostuvieron este martes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Ahí, los mandatarios estatales exigieron respeto, criterios claros para enfrentar la emergencia sanitaria y dinero para la reactivación económica.
Martín Orozco, de Aguascalientes, reclamó desatención y expresó su molestia porque “nos avienten la pelotita para que luego nos digan que fuimos los responsables de la salud y de la economía”; Omar Fayad, de Hidalgo, propuso que la zona centro del país sea declarada en semáforo rojo.
INADMISIBLE
Algo más que una mera clausura debería ocurrir por el tiradero de residuos hospitalarios y otros desechos que cerró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el municipio de Cuautinchan, más otro que recién se localizó en las inmediaciones de Valsequillo.
Debería aplicarse una sanción severa a Spesa, empresa responsable de “brindar servicios de calidad”, en ambos casos no debería deslindarse la responsabilidad de supervisión y vigilancia que le corresponde a la autoridad municipal.
JUSTICIA
Bien dicen que no hay mal que por bien no venga, como el caso de los policías estatales, que lograron un aumento salarial que rebasó su expectativa, al concederles 14 por ciento desde este mes.
El incremento es razonable y justo, porque además de su riesgosa profesión, tenían casi 10 años sin recibir ese estímulo. En ese contexto, se espera también que se aclare y sancione a quienes desde afuera revolotearon el gallinero, entre quienes se menciona a personajes que tuvieron alguna vez cargos en la corporación, como Jesús Morales y Manuel Alonso. Ya se verá.
A OTRA COSA
El diputado Juan José Espinosa ya debería estar pensando en qué ocuparse cuando deje su curul y desechar alguna futura candidatura, tras la acumulación de acusaciones que se le vinieron encima esta semana.
Al bien documentado por este medio enriquecimiento inexplicable, un patrimonio de 138 millones en apenas diez años, se suma el cargo por falsificación de documentos, en torno a la acusación por actitud misógina en 2018 en contra de Laura Torres, represnetante del PRI. En sesión del IEE, tras la elección de gobernador, le dijo que necesitaba auxilio de un terapeuta, porque estaba (sexualmente) mal atendida.
