REZAGO
Tampoco este año se cumplió el compromiso de trasladar a Puebla todas las oficinas centrales de la secretaría federal de Educación Pública, tal y como lo ofreció desde el inicio de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del programa de descentralización de las dependencias de ese nivel de gobierno.
Por ahora se sabe que están disponibles tres inmuebles para ubicar las diferentes áreas: Casa Raboso, en la 4 oriente 408 del Centro Histórico, donde despacharía la titular de la dependencia; la subdelegación de la SEP en la 15 Poniente 1112, Barrio de Santiago, y el Centro de Servicio SEP, de la colonia Maravillas.
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DEMANDA
La muy alta demanda en farmacias particulares de la vacuna marca Pfizer contra la COVID-19 se ha registrado no únicamente en Puebla capital, sino también en las demás ciudades donde se comercializa desde el miércoles a un precio de 848 pesos, como es el caso del Valle de México, Morelos y Querétaro.
Puede deducirse que en la población adulta persiste el temor de contagio, más aún cuando se dio a conocer la nueva variante JN 1, conocida como Pirola, pero también, como lo han expresado algunos usuarios, no hay confianza en la vacuna local Patria ni en la cubana Abdala que ofrece el gobierno federal.
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PEATONAL
No sólo los miles de estudiantes y empleados de la UPAEP, sino también vecinos y propietarios de diversos giros comerciales del Barrio de Santiago estarán agradecidos por la decisión del gobierno municipal capitalino para que sea peatonal el tramo que comprende la Calle 21 Sur, de la 9 a la 13 Poniente.
El proyecto de la obra anunciada ayer tendrá una inversión de casi 43 millones de pesos e incluye, para embellecer el entorno, la instalación de amplias zonas verdes, iluminación integral, cruces peatonales, ampliación de banquetas, internet gratuito y estaciones de vigilancia dotadas de botones de alerta.
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IMAGEN
Aunque la iniciativa será aprobada en el Congreso del Estado hasta el año entrante, es un buen adelanto que en comisiones haya sido avalada la propuesta para regular el uso de la imagen y los colores institucionales tanto del gobierno estatal como de los 217 ayuntamientos y los demás órganos autónomos.
El propósito es terminar con la costumbre de las diversas instancias de gobierno de utilizar al inicio de su gestión los colores de sus partidos políticos o de organizaciones tanto en sus logos como en la papelería oficial y en otros elementos de identidad e inmuebles públicos.
