Diana López Silva
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina,propuso al Congreso del Estado otorgar a los 217 ayuntamientos la facultad para emitir órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia o que se encuentren en peligro.
Envió una iniciativa para reformar las leyes Orgánica Municipal, la de Administración Pública del Estado de Puebla y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Puebla, donde destaca que los cambios responden al cumplimiento de las observaciones hechas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación federal, en 50 municipios de Puebla.
INFORMES PERIÓDICOS
En estas demarcaciones tendrán que presentar informes sobre las acciones ejecutadas para atender, sancionar y erradicar la violencia hacia este grupo.
Entre los cambios destaca el crear la Instancia Municipal de la Mujer, como órgano especializado encargado de instrumentar la política municipal en materia de igualdad sustantiva.
Además deberá implementar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así como las acciones que les correspondan a los ayuntamientos de conformidad con la Ley, con un nivel de estructura de, cuando menos, dirección de área u homóloga y conforme al presupuesto que tengan autorizado.
También se requiere que los municipios con declaratoria presenten los informes en relación a la instrumentación y ejecución de las acciones y medidas ejecutadas dentro de su ámbito de competencia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en su demarcación.
PROFESIONALIZACIÓN
En las reformas se incluye operar y administrar albergues y refugios del estado destinados para la atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijos.
También deben proporcionar e impartir capacitaciones y actualización constante en temas tendientes a sensibilizar y profesionalizar a las personas servidoras públicas que operan refugios de dicha naturaleza en los municipios.
Finalmente, deben impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales.
