La Segunda Sala del máximo tribunal del país falló en favor de Melgarejo Construcción y Concesiones, empresa a la que el gobierno de Mario Marín adjudicó la edificación de un tramo carretero de 26 kilómetros en 2009.
Los ministros Lenia Batres y Javier Laynez votaron en contra de la empresa que, aunque no hizo el trabajo, pide indemnización de 640 millones de pesos –el costo de la obra– más los rendimientos anuales que se pactaron por un periodo de 30 años.
En un comunicado personal, Batres consideró que estas inerpretaciones de la ley “favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario”, pues el gobierno estatal de Puebla deberá pagar millones sin que haya obra hecha.
La ley favorece a la empresa porque en 2012, cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas le canceló la concesión, la firma solicitó formalmente la indemnización.
El gobierno no le respondió.
En el marco legal mexicano, cuando una autoridad ghostea una petición, se aplica la negativa ficta a favor del demandante.
