Jesús Peña
La falta de voluntad política, la carencia de recursos estatales y la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por decisión del gobierno federal impiden concluir los trabajos de restauración en inmuebles históricos tras el sismo de 2017.
Así lo indicaron Eduardo Ismael Hernández y Gerardo López Arciga, investigadores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en videoconferencia de prensa sobre el temblor que ayer cumplió un lustro.
En este sentido, resaltó la importancia de una coordinación entre autoridades e instituciones para impulsar acciones para concluir la reconstrucción de inmuebles.
“Si a la fecha no se han logrado rehabilitar los inmuebles es una falta de voluntad política, también la falta de recursos. Creo que sí hay dinero, pero falta la voluntad política para hacer cumplir la ley”, apuntó Eduardo Ismael Hernández.
Destacó que la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), determinada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –junto a otros 108 fideicomisos en el país en octubre de 2020–, complicó el proceso de reconstrucción al cambiar las reglas.
“Fue una mala decisión desaparecer el Fonden. Los recursos destinados a prevención de desastres se fueron. Es una afectación importante”, dijo.
Gerardo López Arciga, durante su análisis, reconoció que los recursos siempre serán insuficientes, pero “lo que sí se debe exigir es una aplicación transparente”.
“Ante las afectaciones de un sismo, se debe investigar primero la razón del daño y luego analizar la conveniencia de la reparación”, consideró.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de los 621 inmuebles históricos –religiosos o propiedad federal– con afectaciones, 414 (66.6%) fueron intervenidos en su totalidad y 207 (33.3%) están en proceso.
Dicha instancia también precisa que el monto de recursos aplicados en la reconstrucción asciende a 860 millones 878 mil 864.53 pesos, tras el terremoto de 7.1 grados Richter ocurrido a las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017.
INVESTIGACIÓN
Tras asumir en 2019 la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta anunció que investigaría el desvío de dinero destinado a la reconstrucción, el cual fue canalizado a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) estatal.
El titular dicha dependencia de 2016 a 2018 –nombrado por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y ratificado por Antonio Gali Fayad– fue Gerardo Islas Maldonado.
Sin embargo, en las elecciones de 2018, el exsecretario estatal llegó al Congreso local por el partido Nueva Alianza y como diputado contaba con fuero.
Más aún, presidió una Comisión Especial creada para supervisar los trabajos de reconstrucción tras el sismo de 2017, cuando la administración de Gali Fayad estaba por concluir y la gubernatura había sido ganada en tribunales por Marta Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle Rosas.
De ese modo, Islas Maldonado aseguró supervisar su propio trabajo.
Más aún, esa comisión nunca reportó resultados porque hizo sólo tres movimientos: sesionó para integrarse; luego, para autorizar un plan de trabajo. En lo que sería su tercera sesión, sólo dos diputados asistieron, no hicieron quórum y nunca hizo nada más.
Previo a concluir su gestión como diputado local, Gerardo Islas tuvo una agenda reducida a liderar en la esfera nacional al partido Fuerza por México, que por falta de votos perdió el registro en el país y lo salvó en algunos estados.
Ayer, el periódico Reforma publicó que 134.5 millones de pesos de recursos públicos para rehabilitar escuelas en Puebla fueron canalizados a empresas fantasma.
Infraestructuras Globales 220, Sayte Construcciones, Jawhar, Arkon Ingeniería y Proyectos, Urbanizadora ADRP y Liceaga Arquitectura, Diseño y Construcción aparecen como factureras o con domicilios falsos.
La empresa Infraestructuras Globales 220 fue la que más recursos obtuvo, al recibir 26.2 millones de pesos para la reconstrucción de 142 escuelas. Los restantes 108.3 millones de pesos se pagaron a las otras cuatro empresas para 445 instituciones educativas.
Destaca el caso de Jawhar, que el 27 de agosto de 2019 ingresó al registro definitivo de empresas con actividad inexistente, y a la que se había otorgado un contrato por 20.8 millones de pesos.
HUAQUECHULA, EN ESPERA DE RECONSTRUCCIÓN
Los edificios con valor histórico deteriorados por el sismo de 2017 se encuentran sostenidos por viguería y los faltantes de techumbres tienen manteados provisionales.
ATZALA, TRAGEDIA SUBRAYADA
El derrumbe de la cúpula que causó la muerte a dos familias en el templo de Santiago se encuentra tal como quedó hace cinco años, sin intervención.
DAÑOS MENORES, REPARADOS
En la cabecera municipal de Atlixco, si bien fueron atendidos edificios públicos, históricos y viviendas que representaban peligro, los cierres al tránsito continúan para evitar riesgos.
