Por: Guadalupe Juárez
Puebla se ubica entre los 10 estados del país donde menos se castigan los daños al medio ambiente, de acuerdo con el índice de Impunidad Ambiental de México 2020.
De acuerdo con el documento de evaluación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la entidad poblana tiene un índice de impunidad de 1.84, similar al de Veracruz.
Así, Puebla quedó en el lugar 24 de 32, dos posiciones abajo de la medición de 2018 cuando se ubicó en el lugar 22.
Entre los indicadores que evaluaron está la baja cantidad de estaciones de monitoreo de aire: tiene con 0.08 por cada 100 mil habitantes cuando el promedio nacional es de hasta 0.14.
También se mide la cobertura de población con agua potable.
En Puebla sólo hay 57.01 plantas de agua en operación por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de poco más del triple, 172.13.
En cuanto a las denuncias de posibles violaciones al medio ambiente, estas superan el promedio nacional de 0.86 contra 4.14 por cada 100 mil habitantes en la entidad poblana, al tener 0.55 conflictos ambientales activos por cada 100 mil habitantes y sólo 0.48 inspecciones y verificaciones por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, hay daños en bosques, incendios forestales y municipios con sequía.
La entidad con impunidad “muy alta” con un índice de 1.59 es Colima, seguida de Sinaloa con 1.71, Yucatán con 1.72, Tlaxcala con 1.73, Zacatecas con 1.75, Michoacán con 1.76, Tabasco con 1.77 y Nayarit con 1.83.
En el análisis se aclara que la medición no sólo se refiera a que las autoridades estatales sean responsables de no aplicar la ley; responsabiliza a los tres órdenes de gobierno y concluye que la política ambiental “es sumamente frágil” en todo el país.
Según el análisis, en 2019 Puebla, junto a Oaxaca, Morelos Chiapas y Estado de México se ubicaba entre los estados con más ataques a personas defensoras de derechos humanos, sobre todo en proyectos relacionados de energía eléctrica y explotación de recursos federales.
“El ataque a activistas y defensores ambientales, además del daño a sus víctimas directas, impactan directamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas que quieren proteger sus ecosistemas, contener el saqueo de recursos naturales o evitar proyectos de desarrollo económico que involucren daño ambiental”, advierten.
