Por: Guadalupe Juárez
Las comunidades de la cuenca del Alto Atoyac de Puebla-Tlaxcala alertaron de un incremento de las muertes relacionadas con la contaminación del afluente que atraviesa 70 municipios de las dos entidades.
En conferencia de prensa, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés y de la Coordinadora por un Atoyac con Vida indicaron que, en 2015, documentaron que en la zona de la cuenca fallecía una persona cada cuatro horas por insuficiencia renal, cáncer y abortos espontáneos, padecimientos relacionados con la contaminación del río.
Sin embargo, para 2019 documentan que los fallecimientos por las mismas causas se incrementaron: una persona cada dos horas y media.
Para los activistas, esta todavía es una cifra conservadora, ya que en esta medición no se toman en cuenta otras afectaciones de salud que pudiera causar vivir cerca del río o consumir los alimentos de las cosechas de campos contaminados por el agua del Atoyac.
En este sentido, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés reprochó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretenda dar por cumplida la recomendación que emitió en 2017 a los tres órdenes de gobierno para el saneamiento del Atoyac.
Lo anterior, expuesto por el visitador que le da seguimiento a la recomendación, Guillermo Casas Colín, quien calificó la instalación de más plantas tratadoras de agua, sin la ejecución del plan de saneamiento, como había ordenado la CNDH.
Además, denunció que es evidente la falta de coordinación a la que tendrían que estar dispuestos los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, los municipales y el gobierno federal.
La CNDH considera que la Semarnat dará cumplimiento a su parte con la inversión de 96 millones de pesos para más plantas tratadoras de agua.
Ello incumpliría con otra observación de la CNDH, ya que a la fecha 57.9% de las que ya están instaladas en los 70 municipios de la entidad poblana y tlaxcalteca no funcionan, revelan las agrupaciones proderechos y de rescate del cuerpo de agua.
La CNDH emitió la recomendación 10/ 2017 por la violación de los derechos a un medio ambiente sano –falta de saneamiento del agua– que han cometido las autoridades federales, estatales y municipales por más de 20 años, desde que se denuncian las prácticas de industrias que vierten sus desechos en el río.
Las autoridades señaladas fueron la Semarnat, Conagua, Profepa, Cofepris, los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y los municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo de Puebla e Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas en Tlaxcala.
En la recomendación, se pide la conformación de un grupo interinstitucional, en el que además de las dependencias de gobierno se incluya a la sociedad civil para realizar un Plan Integral de Restauración Ecológica o saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, lo cual –consideran las comunidades– se ha incumplido.
