Puebla se ubica en primer lugar nacional con más alta prevalencia de trato diferenciado por creencias / Le siguen Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos
Claudia Espinoza
En Puebla, 28.4% de los habitantes aseguró que ha sido víctima de actos de discriminación o falta de respeto a sus creencias religiosas; incluso quienes no practican la religión católica señalaron en 20.9% que las autoridades tienen preferencia por ésta, por ser la que predomina en la entidad.
Esto con base en el estudio realizado por el Consejo Estatal de Población (Coespo) el año pasado que lleva por nombre “Panorama sociodemográfico de las religiones asentadas en el estado de Puebla”.
El estudio señala que las entidades con mayores niveles de discriminación, después de Puebla, son Colima (25.6%), Guerrero (25.1%), Oaxaca (24.9%) y Morelos (24.4%), todas éstas por arriba de la media nacional de 20.2%.
En el caso de Puebla, de las personas que perciben discriminación por su religión, 32.3% de hombres ha sido víctima de faltas de respeto por sus costumbres y tradiciones, entre las que se incluye la religión, mientras que 32.9% de mujeres.
Hoy es el Día Internacional para conmemorar a las víctimas de actos de violencia basados en religión o creencia y a pesar de que en las últimas décadas no se han reportado agresiones físicas, sí se mantiene la falta de oportunidad para mostrar sus creencias en 13.5% en hombres y 15.4% en mujeres.
El rechazo o aislamiento es también una forma de violencia a las personas por su religión o creencia. El estudio reportó que 13.9% de hombres lo ha vivido y 10.1% de mujeres.
Esta situación incluso se refleja en el trabajo o la escuela, donde 13.5% de hombres ha padecido desigualdad por sus creencias y 14.5% de mujeres.
Los datos de la encuesta señalan que las personas que tienen una religión distinta a la católica son consideradas fanáticas o tercas. En ese caso, 63.8% de las mujeres entrevistadas y que profesan el catolicismo tienen este punto de vista, en tanto que 58.5% de los hombres.
CATÓLICOS TAMBIÉN SUFREN
En diciembre del año pasado, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que la fe católica vive un momento de persecución luego de que legisladores del país y de algunos estados se opusieron a la instalación de representaciones del nacimientos de Jesús en Navidad.
En ese momento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de prohibir la colocación de nacimientos o cualquier otro signo alusivo a la religión en espacios públicos y pagados con recursos del erario.
CONFLICTO RELIGIOSO
En marzo de este año se reportó un conflicto por temas religiosos en la región de Atlixco.
Habitantes de San Pedro Cuaco se manifestaron el 14 de ese mes en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos del Estado para pedir que se ponga un alto a autoridades civiles y eclesiásticas.
Aseguraron que desde hace casi siete años éstas promueven acciones que buscan desmantelar el sistema de cargos de fiscales y mayordomos que esta comunidad nahua ha mantenido vigente por siglos.
El año pasado, los habitantes presentaron una denuncia formal en contra del presidente auxiliar de esa localidad, Gabriel Silva, por presuntamente tratar de imponer “en forma ilegal e ilegítima” a nuevos fiscales eclesiásticos.
Dijeron que se violó el artículo 130 de la Constitución política del país, que obliga a los funcionarios públicos a no intervenir en asuntos religiosos.
El conflicto no es nuevo; data de 2016, cuando la comunidad manifestó su resistencia a las autoridades de la iglesia.
El desacuerdo quedó documentado en el artículo científico La fuerza de lo religioso y su expresión violenta católica, publicado por la revista de historia Ulúa y de la autoría de José Luis Sánchez Gavi.
Ahí se establece que los sacerdotes ordenaron la desaparición de la parroquia y pidieron a los fiscales –representantes laicos que son electos por usos y costumbres– que entregaran las llaves del templo y el archivo que ha estado a cargo de esa comunidad desde la época colonial.
En ese momento, los habitantes se negaron a seguir los ordenamientos, por lo cual durante años la institución eclesiástica negó en ese pueblo que se realizaran misas y se ofrecieran los sacramentos, reconociendo sólo como parroquia a la vecina localidad de Coyula.
En 2021, los pobladores pusieron a salvo su acervo histórico y cultural con la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que catalogó los documentos, estandartes y lienzos que están en su archivo y que datan de los siglos XVII y XVIII y con lo cual se determinó que deben mantenerse en custodia de sus pobladores.
Lo último que hicieron fue enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaron que “comprendemos que la Iglesia católica tiene sus propias instancias de gobierno y decisión, sin embargo, querer desmantelar el sistema de cargos de nuestra comunidad es atentar contra uno de los soportes fundamentales de nuestra organización social como pueblo originario”.
Los habitantes aún continúan a la espera de una respuesta y las actividades religiosas no se pueden realizar conforme lo marcan sus usos y costumbres.
TIPO DE AGRAVIO
De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación del Inegi de 2017:
- 18.4% insultos, burlas o expresiones molestas
- 16% lo miraron o lo hicieron sentir incómodo
- 8.9% lo amenazaron, empujaron o jalonearon
- 4.4% lo excluyeron de actividades
