Sin servicios básicos, quienes compran lotes a precio de ganga no resuelven su problema, sino que multiplican las cargas cotidianas
Dulce Liz Moreno
Si un terreno no aparece en el Registro Público de la Propiedad, se trata de una parcela ejidal o comunal y no está programado que reciba servicios ni infraestructura urbana.
Quienes habitan lotes así se encuentran en un asentamiento irregular, de los que hay 175 en Puebla capital, 45 de ellos en alto riesgo por estar cerca de barrancas y ríos, indica el Inegi.
Demarcaciones como Granjas Puebla, que hace más de medio siglo empezaron a ser habitadas, carecieron de servicios por décadas.
Juan Carlos Silverio Ramírez, maestro en Ordenamiento Territorial por la BUAP, en su investigación de tesis de grado documenta el problema que representan estos asentamientos para los gobiernos, los propios habitantes y las ciudades.
Gente de escasos recursos, afirma, migra con la idea de mejorar su calidad de vida, pero su bajo poder adquisitivo limita la aspiración a vivir cerca de servicios y equipamiento urbano.
Y miles terminan comprando lotes ejidales o comunales donde se generan obstáculos cada vez mayores en la vida cotidiana.
MOVILIDAD, EJE ESENCIAL
Silverio Ramírez enfoca su investigación en uno de los inconvenientes más lesivos para quienes viven en un asentamiento irregular y deben trabajar –y hacer todas las actividades diarias fuera de casa– lejos: la movilidad.
No hay transporte público.
Explica el especialista que estos asentamientos están en terracería; no accede transporte público.
Y, peor: por la falta de regularización, están fuera de los mapas base que el Inegi difunde y los gobiernos utilizan para planear las rutas de transporte público. Esas colonias no existen en los croquis de planeación.
Las opciones cotidianas para moverse representan dificultades y gasto de dinero, tiempo y energía.
Primero están las largas y fatigosas caminatas hasta las paradas de las rutas más próximas, que pueden representar hasta tres kilómetros.
Y ahí se inicia otro problema: los tiempos de traslado parecen irreales: al estudiar el asentamiento irregular Cuitláhuac “recorrer seis kilómetros les toma hasta una hora”.
En segundo lugar se encuentran las alternativas “ideadas por los vecinos, como el auto compartido y la motocicleta para reducir costos y tiempo de traslado”.
Y luego, afirma, “aparecen las concesiones transportistas ilegales de taxis colectivos o taxis pirata, mototaxis y combis no reguladas”.
Por esta circunstancia, un accidente o un inconveniente de salud, como un infarto, puede ser letal para quien habita una comunidad de éstas; no hay modo de salir pronto y acceder a servicios médicos, indica Daniela Montiel Flores.
Ella documentó las condiciones de vida de tres asentamientos irregulares en Monterrey, Nuevo León, en zonas de riesgo, centrándose en la atención de emergencia durante accidentes prevenibles.
En la colonia Cuitláhuac, que no está reconocida, ni siquiera dibujada, en planos ni documentos de Puebla capital, Santa Clara Ocoyucan, Santa María Malacatepec ni San Andrés Azumiatla –agrega Silverio Ramírez–, el Movimiento Antorcha Campesina representa a los vecinos desde hace casi una década.
En 2016, representantes de Antorcha Campesina pidieron al gobierno estatal transporte público para esa colonia irregular y otras dos. En respuesta, obtuvo la promesa de dos unidades para la colonia que tuviera infraestructura vial que permitiera el acceso de los vehículos.
Por falta de pavimento, los tres asentamientos no obtuvieron el servicio.
CONSTRUYEN DONDE NO HAY NI UN CABLE DE LUZ
En estas imágenes pueden verse edificaciones en lugares cuyos habitantes carecen de documentos de compra legal y donde es evidente que no habrá servicios urbanos básicos para vivir en el corto ni mediano plazo.
