Diana López Silva
La propuesta de restringir o sancionar la venta de comida chatarra a menores de edad en Puebla divide opiniones en el Congreso del estado: la mayoría morenista la impulsa y las bancadas de PAN y PRI exigen un reenfoque de causas y efectos de la obesidad infantil y juvenil que aqueja al estado.
En Puebla, padecen obesidad tres de cada 10 niños de 5 a 11 años y cuatro de cada 10 adolescentes, prevalencia similar que llevó al Congreso de Oaxaca a modificar su ley local el miércoles 5 de agosto y ser el primer estado mexicano que penaliza la venta de comida chatarra a niños.
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado dijo ayer que su coalición –con PT, PVEM y PES– trabaja la propuesta de ley para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores.
Gabriel Biestro Medinilla señaló que es una ley de avanzada, factible, que toca un tema de salud pública y de protección a los niños.
Agregó que la Ley de Educación local ajustada en mayo al marco nacional considera la prohibición de venta en las tiendas escolares.
En contraposición, Mónica Rodríguez Della Vecchia, coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la propuesta es una “cortina de humo” que busca confundir a los ciudadanos o responsabilizar a los mexicanos frente a la correlación que han presentado las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la obesidad en las personas con COVID-19.
Consideró que se requiere en la entidad y el país una cultura de educación alimenticia, no de prohibiciones.
Señaló que son más urgentes campañas informativas y de capacitación a padres de familia sobre alimentación sana para los niños y adolescentes, pues la mencionada ley puede quedar sólo en el papel, como ha ocurrido con la prohibición de venta de alcohol a menores.
El diputado del PRI, Nibardo Hernández Sánchez, abordó el tema desde el punto de vista económico, al señalar que una ley contra la comida chatarra traerá consecuencias a las familias que obtienen un recurso económico con la venta de estos productos.
Consideró importante, que, de aprobarse la ley en Puebla, se incluyan opciones de empleo para quienes hoy subsisten de la distribución y venta de dulces, frituras y refrescos.
Subrayó la responsabilidad de los padres de familia y tutores; que la venta no se dé sin la supervisión de un adulto, ejemplificó al referirse a sanciones.
Al respecto, el líder de la mayoría de los diputados, Biestro Medinilla, indicó que, en efecto, hay afectación directa al comercio formal e informal de golosinas y frituras.
