Guadalupe Juárez
Desde el Congreso local, se cierra el paso a la impunidad de los agresores de mujeres. La Comisión de Igualdad de Género aprobó ayer embargar bienes a victimarios como garantía para la reparación del daño.
Esto, en una entidad que de 2017 a 2019, junto a Sinaloa y Quintana Roo, registraron menos de 10 víctimas de violencia familiar que fueron favorecidas por sentencias condenatorias; en ese periodo hubo 917 casos a nivel nacional, de acuerdo con Impunidad Feminicida, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
De acuerdo con el documento, en ese lapso se abrieron 15 mil 838 carpetas de investigación por violencia familiar en Puebla, lo que significa que menos de 1% llegó a recibir una sentencia condenatoria.
La iniciativa aprobada ayer por unanimidad en comisión fue impulsada por la diputada Rocío García Olmedo, quien propuso agregar un párrafo al artículo 57 Sexies de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese nuevo texto se establece que se puede pedir al juez competente el embargo“cuando se tenga el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte o enajene los bienes para hacer efectiva dicha reparación”.
El objetivo de esta adición es la reparación del daño, ya sea psicológico o moral por los “sufrimientos y aflicciones” causados a la víctima y sus familiares, así como el daño material que se refiera a la pérdida de ingresos de las mismas, gastos ocasionados por la agresión y otras “consecuencias de carácter económico”.
También se tomará en cuenta el daño al proyecto de vida como consecuencia de la violencia que sufrieron las víctimas, como haber dejado sus estudios o trabajo.
Se busca que reciban tratamiento médico, psicológico y gratuito, así como la garantía de no repetición, para que ellas no vuelvan a ser violentadas.
Legislación llena vacíos
Legislación llena vacíosLa medida contra violentadores de mujeres, desde el Congreso de Puebla, en el avance jurídico en favor de las víctimas, se considera la base legal para que se apliquen las denominadas “medidas cautelares reales”.
Con esas medidas, juristas, legisladores y analistas como Flora Gutiérrez, de la Red Nacional de Abogados Indígenas y Violeta Maltos, del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa, coinciden en que se llenan vacíos que ahora padecen las mujeres que denuncian agresiones.
“La justicia restaurativa a es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de la persona acusada de agredir; las agresiones no solo dañan a la víctima sino que ofenden y fraccionan las relaciones de su entorno”, sostiene Maltos.
