En México, 15.7% fueron víctimas de la corrupción

Jesús Peña 

Puebla fue un de las entida­des del país –junto con Duran­go, Quintana Roo y Guanajua­to– con mayor aumento en víc­timas de corrupción, al pasar de 9.6 a 15.7% entre 2017 y 2019, es decir, antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Con motivo del Día Interna­cional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que a nivel nacional 62% de las perso­nas mayores de 18 años cree que esta práctica existe, 44% sólo lo ha escuchado por otra persona y 15.7% ha sido víctima directa (el mismo porcentaje que en la enti­dad poblana).

A los afectados, que son por igual personas físicas y mora­les, servidores públicos les piden dinero, regalos, favores o cual­quier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.

Sin embargo, en el caso de las empresas se nota una disminu­ción –mínima– en el porcenta­je de afectados de 5.6 a 5.1, en­tre 2016 y 2020 (año en que co­menzó la pandemia.

El estudio de Inegi también señala que la corrupción fue más frecuente cuando los habi­tantes tuvieron contacto con al­guna autoridad de seguridad pú­blica o de justicia, ya sea para presentar una denuncia o evi­tar infracciones o detenciones.

Los datos (recabados hasta 2019 entre ciudadanos y has­ta 2020 en empresas) revelan que 59% de los mayores de edad fueron víctimas de corrupción por parte de dichas autoridades, mientras que en el caso de em­presas fue de 35%.

Respecto a costos, a nivel na­cional esta práctica se estima en 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017.

Esto significa que cada per­sona destinó en 2019 3 mil 822 pesos en promedio en corrup­ción, un aumento de mil 372 pe­sos respecto a 2017. Caso con­trario, las empresas pasaron de pagar 14 mil 535 pesos en 2016 a 7 mil 419 en 2020.

COMBATE

Puebla se encuentra en el sépti­mo lugar nacional en personas destinadas al combate a la co­rrupción, a través de los Órga­nos Internos de Control (OIC), es decir, las instancias que por

ley deben tener los gobiernos fe­deral, estatal y municipal para prevenir, corregir e investigar es­te ilícito.

La entidad poblana cuenta con 3.1 personas en OIC por ca­da mil servidores públicos, supe­rado por Chiapas (6.19), Jalisco (5.2), San Luis Potosí (4.7), Que­rétaro (4.2), Sonora (3.6) y Esta­do de México (3.5).

Destacan, por encontrarse al fondo de la tabla, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala, que no tie­nen ni una persona en sus OIC por cada mil servidores públicos.

Durante 2019 las adminis­traciones públicas federal y las estatales recibieron 105 mil 298 denuncias, es decir 2.5 asuntos por cada 100 servidores públi­cos; 32% competen a la Federa­ción y 68% a las entidades, des­tacando que Ciudad de México y el Estado de México suman prác­ticamente seis de cada 10.

De las quejas presentadas en los estados, 44.7% fue decla­rada procedente para sanción, 23.8% fue derivada a otra au­toridad (para que siga la investi­gación), 17.1% no procedieron, 10.4% están pendientes de aten­ción y 4% tiene otro estatus no especificado.