Jesús Peña
Puebla fue un de las entidades del país –junto con Durango, Quintana Roo y Guanajuato– con mayor aumento en víctimas de corrupción, al pasar de 9.6 a 15.7% entre 2017 y 2019, es decir, antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que a nivel nacional 62% de las personas mayores de 18 años cree que esta práctica existe, 44% sólo lo ha escuchado por otra persona y 15.7% ha sido víctima directa (el mismo porcentaje que en la entidad poblana).
A los afectados, que son por igual personas físicas y morales, servidores públicos les piden dinero, regalos, favores o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.
Sin embargo, en el caso de las empresas se nota una disminución –mínima– en el porcentaje de afectados de 5.6 a 5.1, entre 2016 y 2020 (año en que comenzó la pandemia.
El estudio de Inegi también señala que la corrupción fue más frecuente cuando los habitantes tuvieron contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para presentar una denuncia o evitar infracciones o detenciones.
Los datos (recabados hasta 2019 entre ciudadanos y hasta 2020 en empresas) revelan que 59% de los mayores de edad fueron víctimas de corrupción por parte de dichas autoridades, mientras que en el caso de empresas fue de 35%.
Respecto a costos, a nivel nacional esta práctica se estima en 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017.
Esto significa que cada persona destinó en 2019 3 mil 822 pesos en promedio en corrupción, un aumento de mil 372 pesos respecto a 2017. Caso contrario, las empresas pasaron de pagar 14 mil 535 pesos en 2016 a 7 mil 419 en 2020.
COMBATE
Puebla se encuentra en el séptimo lugar nacional en personas destinadas al combate a la corrupción, a través de los Órganos Internos de Control (OIC), es decir, las instancias que por
ley deben tener los gobiernos federal, estatal y municipal para prevenir, corregir e investigar este ilícito.
La entidad poblana cuenta con 3.1 personas en OIC por cada mil servidores públicos, superado por Chiapas (6.19), Jalisco (5.2), San Luis Potosí (4.7), Querétaro (4.2), Sonora (3.6) y Estado de México (3.5).
Destacan, por encontrarse al fondo de la tabla, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala, que no tienen ni una persona en sus OIC por cada mil servidores públicos.
Durante 2019 las administraciones públicas federal y las estatales recibieron 105 mil 298 denuncias, es decir 2.5 asuntos por cada 100 servidores públicos; 32% competen a la Federación y 68% a las entidades, destacando que Ciudad de México y el Estado de México suman prácticamente seis de cada 10.
De las quejas presentadas en los estados, 44.7% fue declarada procedente para sanción, 23.8% fue derivada a otra autoridad (para que siga la investigación), 17.1% no procedieron, 10.4% están pendientes de atención y 4% tiene otro estatus no especificado.
