Por: Guadalupe Juárez
En siete de cada 10 denuncias por violencia familiar, presentadas el año pasado, los Ministerios Públicos determinaron el no ejercicio de la acción penal; de hecho, ningún caso llegó a sentencia.
Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) –obtenidos por el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim)– revelan que de las 9 mil 125 denuncias, 6 mil 474 fueron desechadas, 130 fueron enviadas a archivo definitivo, 663 a archivo temporal, en 18 se abstuvieron de investigar y en ninguna llegó a sentencia, mientras que mil 840 son carpetas aún abiertas.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, Alma Guadarrama, especialista en derechos humanos, indica que las mujeres, los adultos mayores, niños y adolescentes son los grupos vulnerables a sufrir agresión en sus hogares.
A esto se suma que dentro de las dinámicas del aislamiento se presentan repercusiones económicas, además de desnutrición durante el embarazo, etapas iniciales de la vida y el deterioro del bienestar infantil con ingresos precarios, tras el cierre de las escuelas.
La vulnerabilidad de las infancias se relaciona con la dependencia que tienen con otras personas y a la falta de mecanismos para que denuncien, señala el reporte del Observatorio Ciudadano Nacional.
Calculan que desde el inicio de confinamiento, tres de cada cuatro menores de edad sufrieron de violencia dentro de sus hogares.
¿CÓMO SE DEFINEESTE ILÍCITO?
El Código Penal Federal, en el artículo 343 bis, precisa: “Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar”.


