Por: Diana López Silva
La bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó en el Congreso del Estado una propuesta para homologar la Ley Ingrid, a fin de sancionar con cuatro a 10 años de cárcel la revictimización de víctimas de feminicidio.
Nora Merino Escamilla, coordinadora de la fracción, explicó que la propuesta se basa en lo ocurrido a Ingrid Escamilla Vargas, asesinada el 9 de febrero de 2020.
Recordó que esta legislación responde a la forma como fue divulgado en diferentes medios informativos el material fotográfico y de video, por parte de servidores públicos del sistema penal, lo que vulneró los derechos humanos de la víctima y entorpeció las investigaciones para dar con los responsables.
En ese sentido, la propuesta es hacer una reforma al artículo 422 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
“Pena de 4 a 10 años de prisión y multa de 9 mil 622 pesos a 14 mil 433 pesos al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley fotografíe, videograve, audiograve, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia”.
La medida busca evitar que se difunda información sensible “de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte”.
Las sanciones previstas incrementarán hasta en 50% cuando se trate de mujeres, niños, niñas o adolescentes, es decir de seis a 15 años de prisión y multa de 14 mil 433 pesos a 21 mil 649.5 pesos.
Ello luego que Helena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón –asesinada el 21 de mayo– pidiera que se respete el proceso de investigación y salvaguardar los derechos de la víctima, evitando filtrar posibles elementos de prueba para dar con los asesinos.
EL CASO INGRID
El feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas ocurrió el 9 de febrero de 2020. Su pareja Érick Francisco N. la asesinó y destazó el cuerpo. Fotos periciales del cadáver fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales, lo que generó indignación y la ley que lleva su nombre.
