Por: Diana López Silva / Karla Cejudo
El registro de datos biométricos para adquirir una línea de telefonía móvil es innecesario, inconstitucional, violatorio de los derechos de los usuarios y costoso, en el marco de una austeridad republicana que debe atender una pandemia, advirtió especialista.
Para Cuauhtémoc Cruz, responsable de Comunicación y Transparencia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, esta medida es muy grave desde la óptica de los derechos humanos y el derecho a la información.
Además de solicitar datos personales, como nombre de usuario, CURP, domicilio y número de línea, el registro exige huellas dactilares, reconocimiento facial y de voz. Consideró que no hay evidencia real de que elaborar este registro vaya a ayudar a combatir la inseguridad en México.
“Tenemos un antecedente muy claro con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se creó en el sexenio de Felipe Calderón, y que en 2011 finalmente fue echado para atrás, porque en su momento esa base era filtrada; se vendía hasta por 500 pesos en internet, y hay datos de que durante aquel registro nacional, delitos como el secuestro y la extorsión, en lugar de ir a la baja, se incrementaron, y mucho vinculado a estas filtraciones de datos”, indicó.
Señaló la falta de regulación en el tema de los datos biométricos, a pesar de que ya se usa en aplicaciones móviles como las de los bancos. Otro problema es que no se preserve el derecho a la presunción de inocencia, porque deposita en el usuario la responsabilidad de probar que no está detrás de esa línea: “A la mayoría nos ha pasado que nos han robado el celular, entonces, si corres con la mala fortuna de que con tu celular estafaron a alguien o que se vincule con algún delito, tú como ciudadano tienes que demostrar que no fuiste quien hizo esa llamada”.
El especialista señaló que el problema se vuelve mayor si se toma en cuenta que menores de edad usan teléfonos móviles.
“Este padrón va a ser mucho más grande que el padrón del INE, porque tu credencial para votar la obtienes hasta los 18 años, pero hay muchos niños que tienen teléfono”, apuntó. Consideró que esta propuesta debería ser eliminada, porque además duplicará funciones con la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ya tiene un apartado de colaboración con la justicia, en el que las empresas de telefonía móvil son obligadas a almacenar hasta por dos años los datos del usuario.
Asimismo calificó el padrón como innecesario e “inconstitucional por el tema de la protección de datos personales”.
Finalmente, mencionó que, en tiempos de pandemia, resulta contradictorio que un gobierno que pregona austeridad planee gastar más de 20 mil millones de pesos en un padrón, en lugar de aplicar esos recursos a la atención de afectados por COVID-19.
