Tras siete años de proceso judicial, Manuel Forcelledo Nader fue sentenciado ayer a 76 años de cárcel por los delitos de violación equiparada, feminicidio y aborto.
También deberá pagar reparación de daño por medio millón de pesos a la familia de Karla López Albert, su pareja sentimental a quien asesinó por razones de género en enero de 2014.
Así lo dispuso el juez penal de Cholula, Enrique Romero Razo.
El sentenciado se encuentra en el Cereso de San Miguel, en Puebla capital. Ahí cumplirá la sentencia que, ceñida al código penal vigente, alcanza un máximo de 70 años de los 76 impuestos por el juez.
La defensa de Forcelledo Nader anunció que apelará la sentencia. Los dos cómplices de este feminicidio continúan en proceso, sin que haya fecha aún para que se les dicte sentencia.
El móvil del feminicidio fue la negativa de él a asumir y responsabilizarse de la paternidad del bebé que gestaba López Albert.
En enero 2014, ella cursaba el quinto mes de embarazo; el día 30, avisó que se vería con su novio en una plaza comercial, pero no volvió a su casa.
Su mamá, alarmada por la desaparición, denunció el hecho. Y comenzó también una búsqueda con ayuda de migos y familiares.
El siguiente 2 de febrero, en terrenos de Tláhuac, en Ciudad de México, fue hallado el cadáver de una mujer.
Cinco días después, la Procuraduría de la capital del país reportó a Puebla que el cuerpo de la chica había sido identificado. Era Karla.
Forcelledo Nader había solicitado el amparo de la justicia para evitar órdenes de aprehensión. Aunque se le concedió en principio, le fue suspendido para que compareciera ante la autoridad.
Por estrategia de su defensa, se obtuvieron prórrogas.
Fue arraigado 40 días como medida de precaución.
Tras realizar cateos, revisiones de cámaras colocadas en vialidades y viviendas y análisis a teléfonos y computadoras, se hallaron los indicios para sustentar las acusaciones directas en su contra.
Además, se hallaron conversaciones con los cómplices de someter, asesinar y abandonar el cadáver de López Albert.
La difusión del caso alcanzó la esfera nacional.
Desde el primer mes de este proceso, personas cercanas a la víctima y a su familia realizaron marchas y plantones en exigencia de justicia pronta.
La respuesta demoró siete años para ellos.
