La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo este martes que «la sentencia ya estaba escrita», luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera para ella el lunes una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el juicio por enriquecimiento ilícito y presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015).
Acompañada por los cánticos de centenares de seguidores que se reunieron a las puertas del Congreso, la expresidenta relató de forma cronológica los pormenores de una investigación —conocida como Causa Vialidad— que supuso, en su opinión, una «feroz campaña política y mediática» en su contra, basada en supuestos sobreprecios en torno a la construcción de «rutas inexistentes» en la provincia sureña de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Durante su alocución, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el «guión» de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
Sobre la negativa del tribunal que la juzga a ampliar su testimonio, como solicitó el lunes, alegando los letrados cuestiones formales, la vicepresidenta caldeó el ambiente con un discurso victimista: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”.
Por consiguiente, adelantó que este mismo martes presentará las pruebas de su inocencia en una transmisión en redes sociales, por fuera de los tribunales.
“Habrá cosas impactantes”, prometió su abogado, Juan Beraldi. “Quiere mostrar con claridad la manera sesgada en el que se analizó ese teléfono de López”, dijo Beraldi, en referencia a los mensajes de whatsapp entre dos de los implicados en la trama que, según el fiscal, prueban que Kirchner estaba al frente de una asociación ilícita para expoliar al Estado.
Cristina Fernández está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.
Por último, en un intento de convertir la causa en su contra en una causa contra el peronismo, Cristina Fernández declaró: “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo: es contra los que peleamos por las jubilaciones, el salario, la obra pública”.
La tensión política también se trasladó a la calle, aunque en pequeña escala. Un centenar de personas se concentró frente al piso que Kirchner ocupa en el barrio de Recoleta, en el centro de Buenos Aires, y golpeó cacerolas al grito de “chorra” (ladrona). Coincidieron allí con activistas de La Cámpora, la agrupación de la juventud kirchnerista que se acercó al lugar para defender a su líder. La policía terminó dispersando a ese grupo de apoyo con gases lacrimógenos.
“Quien golpean las cacerolas son energúmenos macristas”, escribió Kirchner en Twitter en alusión a los simpatizantes de su antecesor, el presidente Mauricio Macri. (Con información de La Crónica de Hoy)
