La Secretaría de Gobernación, que encabeza Adán Agusto López Hernández, analiza los casos de mujeres que decidieron interrumpir su embarazo y el de personas que pudieron intervenir en ese proceso y por lo cual se encuentran procesadas o con una sentencia penal, esto luego de que hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto en todo el país.
A través de un breve comunicado, la dependencia federal indicó que en trabajo con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas, han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido partícipes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación.
El 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la
República, en la que por unanimidad de diez votos se declaró binconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y el máximo tribunal del país se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Sin embargo, las autoridades no han podido informar a cuánto asciende el número de mujeres que enfrentan un proceso penal o una sentencia por interrupción del embarazo. (La Crónica de Hoy)
