El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propuso al Gobierno Federal un decálogo que permita poner en marcha una serie de medidas contundentes e inmediatas para evitar la disminución drástica de la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos.
El objetivo es colaborar con el Gobierno Federal para mantener la salud, la seguridad y el bienestar económico de los ciudadanos, de cara al daño en la economía en el ámbito internacional, ante el impacto de la pandemia COVID19.
El México requiere de la colaboración de todos los sectores, y la sensibilidad para tomar medidas decididas en apoyo de nuestra salud y nuestra economía. Sólo saldremos adelante si lo hacemos entre todos.
En este sentido, las propuestas se agrupan en cinco frentes: asegurar liquidez al mercado interno; estimular el consumo privado; facilitar y estimular la inversión privada; elevar consumo e inversión del sector público; y dar señales positivas a los mercados internacionales, así como un amplio número de medidas económicas, fiscales y administrativas que permitan fortalecer nuestra economía para sobrellevar la etapa de crisis.
Asimismo, consideró el consejo coordinador empresarial, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, también propone a fin de mitigar la afectación del impacto de esta pandemia:
- Asegurar la liquidez en el mercado financiero. La prioridad es que la intermediación financiera sea fluida en el corto y largo plazos.
- Mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas, aunque en este momento de retos inéditos, el Gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del PIB de superávit primario. Los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Si es necesario, tomar deuda de una forma responsable.
- 3. Fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el Sector Privado y el Gobierno y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético.
- Depreciación acelerada automática. Establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realicen sin limitación geográfica alguna, durante el ejercicio de 2020.
- Preservar el empleo. En los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia.
- Respetar el Estado de Derecho, evitando las amenazas de cambios a las normas ya en operación para empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y cambios inaceptables como consultas populares para inversiones que ya están hechas.
- Acelerar los pagos pendientes a proveedores de CFE y Pemex. Y la urgencia de pagar de pasivos a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal.
- Apresurar las devoluciones pendientes de IVA a empresas y restaurar la compensación universal. Las empresas necesitan más la liquidez que el gobierno.
- Conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el Gobierno para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.
- Activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados. El papel contracíclico histórico de la Banca de Desarrollo en situaciones de crisis ha sido fundamental para preservar la planta productiva.
El organismo empresarial consideró que todas estas medidas de corto y largo plazo ayudarán a contener los efectos económicos de la pandemia que se enfrenta y contribuirán a conservar el empleo y a dar liquidez a personas y empresas, para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico.
