La Fiscalía General de la República (FGR) informó que giró siete órdenes de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga quienes están fuera del país, por lo que el órgano judicial ya solicitó a la Interpol la ficha roja para su búsqueda, aunque aún está en espera de la respuesta de colaboración.
De acuerdo con la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), junto con Gómez Mont y su esposo también cuentan con orden de captura Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR señala que todos los acusados, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
«Presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, todo esto con la finalidad de lavar dinero, disfrazando estos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes».
En la investigación se ubica a Víctor Manuel Álvarez Puga y a Inés Gómez Mont como los líderes de este grupo delictivo de cuello blanco, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.
La Fiscalía señaló que durante las pesquisas se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Detalló que un segundo grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, firma que recibió más de 2 mil 500 millones de pesos.
La FGR obtuvo en su investigación que en esta red hubo de por medio dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas, por lo que el caso sigue su indagatoria. (La Crónica de Hoy)
