Teófilo Benítez, abogado de una de las víctimas del exdiputado, Saúl Huerta, exigió que los “acuerdos reparatorios” no deben encubrir conductas delictivas, como pretende la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en el caso del morenista.
El defensor dijo que la autoridad y la representación jurídica están obligados a hacer valer los valores sociales que no deben ser tasados económicamente en un acuerdo reparatorio, mucho menos cuando por ley se tiene el derecho irrenunciable al pago de reparación del daño se llegue o no a un “acuerdo reparatorio”.
Informó que este lunes 24 de enero se llevará al cabo la audiencia en el Reclusorio Oriente, en la que se desahogará de manera anticipada la prueba reina del proceso, es decir la declaración de la víctima menor de edad de identidad reservada C.J.R.L. de 15 años de edad, ante el Juez de Control, acreditando la responsabilidad de Saúl Huerta por el delito de violación equiparada agravada.
Por lo anterior, Benítez y su bufete de defensores, harán dijo, todo lo posible por conseguir una futura sentencia condenatoria que obligaría al ex diputado federal a pasar unos cuantos años en prisión.
Recordó que la semana pasada el Congreso capitalino a través de la Comisión Permanente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que informara sobre el estado que guardan los diferentes procesos de investigación, que se han iniciado en contra del ex diputado federal, así como la intervención que ha tenido en relación a los procesos judiciales que se desarrollan al respecto.
En virtud de lo anterior, el abogado de la víctima menor de edad de identidad reservada C.J.R.L., refirió: “que debemos recordar que hasta el momento en la Ciudad de México existen dos denuncias en contra de Saúl N, por los delitos de abuso sexual y violación equiparada agravada”.
En tanto exhortó al Congreso local y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “a que propongan y aprueben cambios donde los acuerdos reparatorios por diversos delitos que así lo permitan no cubran con un simple pago las conductas delictivas que denigren los valores de familia que se representan en nuestra sociedad y que estos no pueden ser valorados económicamente en un acuerdo reparatorio y mucho menos en una artimaña política”.
Con información de La Crónica de Hoy