Hervey Rivera
Según los datos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) en las elecciones para gobernadora en el Estado de México, del pasado domingo 4 de junio, se registró una emisión de votos por ciudadanos mexiquenses del 50%, más de 6 millones de sufragios aproximadamente. En las elecciones de 2017 la participación fue de 53% y en 2011 fue de 45%.
Los partidarios de la coalición gobernante en aquella entidad, junto con las dirigencias nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) esperaban un “tsunami” que contrarrestara la tendencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar fue de 8%, cerca de 500 mil votos. Lejos quedaron aquellas encuestas que pronosticaban una diferencia de hasta 20%.
Algunos de los integrantes de la oposición a nivel nacional culparon a los “malos ciudadanos mexiquenses” de la derrota del partido local gobernante, ya que “prefirieron quedarse en sus casas a salir a votar”. Repentinamente, desde su análisis, el abstencionismo resultó el responsable de la derrota.
Definimos al abstencionismo como “no participación en la votación de quienes tienen derecho a ello” (Diccionario Electoral, IDH, 2017, pág. 1). Por supuesto que la ausencia de ciudadanos en las elecciones en un serio problema que hemos padecido desde el siglo pasado en un régimen autoritario en el que poco importaba, y hasta la actualidad en un sistema más o menos democrático las autoridades electorales no lo han conseguido disminuir.
Algunas voces claman por legislar la obligatoriedad del sufragio, “la instauración del voto obligatorio pretende, entre otras cosas, asegurar la concurrencia de los ciudadanos a las urnas” (op. cit. pág. 747). Los especialistas en la materia no encuentran una correlación entre el voto obligatorio y una mayor participación electoral.
Esto, “dado que las sanciones para su incumplimiento no siempre se aplican o son bajas, tanto en su expresión de sanción privativa de libertad o de tipo pecuniario, o se aplican por mecanismos judiciales sobrecargados para tal tramitación, considerando las dificultades generadas por la cantidad de infractores y la imposibilidad de citar a un gran número de ellos” (ibid.).
Algunos países en Latinoamérica que ya han instaurado el voto obligatorio son: Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay.
Estos dos últimos países con cierta estabilidad y desarrollo democrático, que contrasta con los graves problemas de los dos primeros.
La obligatoriedad del voto no es hoy la panacea de la representación política.
