Anselmo Salvador Chávez Capó / Profesor Investigador de la UPAEP
El mercado energético continúa con la vorágine de los cambios.
El Ejecutivo federal presentó la semana pasada una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de hacer algunos cambios en el mercado de los combustibles, buscando que Petróleos Mexicanos (Pemex) retome el papel preponderante en la economía nacional, el cual había perdido con la llegada de los particulares tras la reforma energética del sexenio pasado, sin embargo, se considera que esta iniciativa que fue aprobada este 15 de abril a las 02:00 de la mañana, sufrirá el mismo camino que la modificación legal que aprobada para la industria eléctrica, la cual se ha visto detenida con una ola de amparos ante juzgados en competencia económica.
La propuesta del Ejecutivo contiene reformas a seis artículos de la Ley: 51, 53, 56, 57, 59 bis y el 86, incluyendo siete transitorios, así mismo los diputados modificaron el artículo 59 bis, en materia de permisos, para señalar que la autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros y el interés del estado, pero la modificación propuesta adhiere que en caso de suspensión una empresa estatal (no una privada, como se establecía anteriormente) podrá ser quien maneje y controle las instalaciones. Así se abre la posibilidad de que la petrolera nacional pueda tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos temporal o definitivamente.
Por otra parte se presentan modificaciones en tres renglones: la capacidad de almacenamiento, la suspensión de permisos de compra-venta de combustible y los castigos a la distribución ilegal de hidrocarburos; además, contempla la suspensión temporal de permisos en el mercado de hidrocarburos si consideran que atentan en contra de la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, sin definir cuáles pueden ser los causantes o lo que se tomará en cuenta para la realización de esta actividad.
Otra de las disposiciones que causa controversia es el artículo que busca condicionar la entrega y continuidad de permisos al tamaño de la infraestructura para almacenar hidrocarburos, se considera que es importante definir las causas por las que se niega un permiso para evitar la discrecionalidad.
La reforma señala que se puede cancelar un permiso otorgado a una compañía privada si este representa un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
Esta es la modificación que más incertidumbre podría acarrear al sector, toda vez que los tres términos incorporados tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente. La reforma pretende adicionar como motivo de revocación de permisos el incumplimiento en la cantidad y calidad de petrolíferos. Así, una incidencia en conductas que afecten a los consumidores podría ser una causal de revocación de permisos.
Los mayores afectados serán las compañías privadas con una autorización existente en las actividades de importación, comercialización, distribución y venta al público de gasolinas, diésel y otros combustibles, un mercado en el que Pemex perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013, ya que de 2019 a esta fecha 13% los concesionarios privados se han quitado la marca de la empresa productiva del estado, mientras que las empresas privadas ocupan una tercera parte de las importaciones de diésel.
Ese parece ser el centro de esta reforma: fuera los particulares, Pemex como monopolio. Bienvenidos al siglo pasado.
