Agenda ciudadana
Jorge Alberto Calles Santillana
Esta semana se dio a conocer un segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, elaborado por la Secretaría de la Defensa.
En él se indica que la secretaría ha entregado toda la información disponible y sustenta tres posibles hipótesis sobre el suceso, muy parecidas a las que, en su tiempo, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República del momento, defendió como la “verdad histórica”.
El reporte disgustó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace nueve años, quienes reiteraron que el ejército oculta información.
Ante las protestas de los progenitores, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la organización militar señalando que todos se empeñan en acusarla. “No es culpar por culpar”, dijo. “No es nada más ‘fue el Estado y fue el Ejército y ya’. No”.
El sábado, un fuerte comando armado del Cártel de Sinaloa arribó al municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas –haciendo un fuerte despliegue de armas de alto calibre y siendo objeto de una recepción jubilosa por parte de los habitantes del lugar–.
Su fin era desalojar a fuerzas del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que habían tenido controladas las rutas de la zona, sin que autoridad alguna hubiese intervenido.
La respuesta del gobierno federal fue enviar, de inmediato, fuerzas de la Guardia Nacional al área.
El presidente informaría poco después de la llegada del contingente militar que todo volvió a la normalidad, que los bloqueos fueron eliminados y la energía eléctrica –interrumpida– fue restablecida.
“Yo conozco bien allá y conozco a la gente; sé que van a ayudarnos en todo y que están con nosotros”, declaró.
Los dos sucesos exhiben, por un lado, las consecuencias de largo plazo de la desatención que la política de seguridad ha sufrido a través de varias gestiones gubernamentales y, por otro, la irresponsabilidad de López Obrador cuando era opositor al gobierno de Peña Nieto, así como su desdén por el estado de derecho y la seguridad nacional, ahora siendo presidente.
Que el caso de Ayotzinapa siga sin ser resuelto nueve años después y que los grupos delincuenciales de México tengan control de áreas del país y que sean otros delincuentes los que acudan en ayuda de las poblaciones, y no las autoridades del Estado hacen evidente que:
a) El poderío del crimen organizado hay crecido de manera tal que si México no es aún un estado fallido y narco estado está en el camino a serlo, y
b) Que el poderío del ejército es tal que es un serio obstáculo al desarrollo del estado de derecho propio de una nación democrática.
Como varios analistas han insistido, lo sucedido en Ayotzinapa no es tan secreto.
Es muy posible que el secuestro y eliminación de los jóvenes normalistas haya sido resultado del enfrentamiento de dos grupos del crimen organizado (Guerreros Unidos y Los Rojos) que tenían conexiones, tanto con las autoridades municipales y policiales de Iguala, como con miembros del ejército.
Los jóvenes fueron asesinados y calcinados; sus cenizas fueron depositadas , en bolsas, en el río San Juan.
El asunto se complicó porque las fuerzas armadas se habrían opuesto a aceptar que algunos de sus integrantes estaban coludidos con estas bandas, a pesar de que múltiples testigos dieron fe de la presencia y el accionar de soldados.
La Procuraduría de Murillo se vio compelida a crear la “verdad histórica” y eliminó de la narrativa la intromisión militar.
Pero el caso se incendió cuando López Obrador, en su afán por ganar notoriedad y fortalecer su camino a la candidatura a la presidencia, afirmó que el ejército era el que los había aniquilado, dando pie a la hipótesis del “crimen de Estado”.
Con base en ella, dio inicio a su campaña a favor de regresar a los soldados a sus cuarteles. López Obrador fue irresponsable, porque hizo la acusación sin pruebas.
Desde que surgieron las primeras organizaciones criminales, los gobiernos han sido incapaces de enfrentarlas. Han optado por las negociaciones en lo “oscurito” y por fortalecer el poderío militar.
Hoy México está atrapado entre ambas fuerzas y no se ve una salida sana, una salida que fortalezca al estado, en vez de debilitarlo, que garantice que México se vuelva un país seguro, fuerte y democrático.
Todo parece indicar que, en poco tiempo, alguno de estos dos ejércitos tomará control del estado y del país.
