Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt / www.etellekt.com [email protected] @etellekt_
El debate sobre la pertinencia de regular la posesión y portación de armas de fuego se encuentra nuevamente en el ojo del huracán en los Estados Unidos, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) informara que, durante 2020, registraron 21 mil 507 homicidios intencionales, un aumento de 30% en comparación con el año previo; el incremento anual más importante en los últimos 61 años y un pico de asesinatos no visto desde 1995.
Si bien las armas por sí mismas no son un factor explicativo de este delito, lo facilitan. De acuerdo con el informe del FBI, 77% de los crímenes letales en 2020 se cometieron con armas de fuego. A la par, de acuerdo con Small Arms Analytics, el año pasado se vendieron en aquel país 23 millones de armas, 65% más que en 2019 (con 13.9 millones de armas vendidas); es decir, más homicidios ligados a un elevado apetito de sus ciudadanos por las armas.
¿Qué fue lo que motivó esta demanda de armamento sin precedentes? Dos hipótesis: la primera, el temor de enfrentar saqueos, robos y asaltos con motivo de la pandemia; la segunda, compras de pánico motivadas por la probabilidad de que se apliquen nuevas restricciones para la compra de fúsiles de asalto de parte del gobierno de Biden, quien ya calificó a esta crisis de violencia armada como una “epidemia” y “vergüenza a nivel internacional”.
¿Pero realmente la proliferación de armas provocó este repunte de delitos violentos? Otra posible explicación –respaldada por los republicanos– apunta a una menor capacidad de las policías frente al crimen, por desconfianza de incurrir en nuevos abusos, o debido a los recortes presupuestales en ciudades demócratas, como reacción a las protestas por la muerte de George Floyd.
La promesa de Biden para frenar la proliferación de armas parece diluirse al ser altamente polarizante, en medio de una percepción histórica de inseguridad, que alcanzó a 78% de la población en 2020 (Gallup:2021), y la aparente inacción policial.
Sobre todo cuando 56% de los estadounidenses están a favor de la Segunda Enmienda (el derecho a poseer y portar armas), por 23% a favor de derogarla (Morning Consult: 2021). Trump sabe que empujar a Biden a retomar su agenda de desarme podría resultarle igual o más costosa para su popularidad, que el retiro de tropas de Afganistán.
En este contexto se inscribe la demanda del gobierno mexicano contra las armerías, que lejos de retribuirle políticamente al presidente demócrata, servirá a Trump para acusarlo de dejar indefensos a sus conciudadanos, y relanzar su plan de “hagamos segura a América de nuevo”, con miras a lo que parece inevitable: su campaña por la reelección en 2024.
