Por: Jorge Alberto Calles Santillana
Brígida, de 37 años, fue hallada tirada en su casa, con señas evidentes de violencia física y sin vida, por su hijo, pocos minutos después de que su agresor –al parecer su pareja sentimental– cometiera el brutal acto.
Esto ocurrió en Tehuacán, lugar en el que, por segunda ocasión, en el mes se comete un feminicidio, cuando no antes, a lo largo del año, el municipio había registrado atentado similar.
Según datos de Página Negra, el asesinato de Brígida fue el feminicidio número 38 ocurrido en Puebla este año.
La cifra enciende alarmas, pues el año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado registró 52 feminicidios.
Es decir, en estos cinco meses se ha cometido el 75 por ciento de los feminicidios del año pasado. De mantenerse la tendencia, el año podría cerrar con un registro de cerca de 100 mujeres asesinadas.
Puebla se mantiene entre los seis estados de la República con los mayores registros de crímenes violentos en contra de las mujeres.
Hay demasiados datos duros que hacen posible entender qué está sucediendo.
La mayoría de los crímenes se han registrado en municipios con considerable desarrollo urbano. Puebla, con siete; Atlixco, con seis, y Tecamachalco, con cuatro, concentran casi el 50 por ciento de estos crímenes. Sin duda, éste es un fenómeno predominantemente urbano.
Por otra parte, la mayoría de los crímenes son cometidos por las parejas sentimentales o personas cercanas a las víctimas. Cerca de la mitad de estas 38 mujeres que hasta el momento han sido ultimadas sufrieron fuertes ataques físicos antes de ser asesinadas.
La carga de odio con la que fueron tratadas y asesinadas no terminó una vez que el agresor apagó esas vidas. Por el contrario, continuó.
Cerca de la mitad de ellas fueron movidas, mediante arrastre muchas veces, del lugar del crimen y sus cuerpos fueron depositados en canales de aguas negras, basureros, caminos vecinales con escaso tránsito y hasta baños de construcciones sin concluir.
Algunas de ellas fueron víctimas de abuso sexual. El rango de edad de las víctimas es muy amplio. Varias de ellas tenían edades entre 60 y 80 años, y se registraron dos casos de feminicidio infantil: una niña de seis y otra de 12 años.
Por si fuera poco, la identidad de ellas se desconocía en el momento de las pesquisas iniciales y muchas de ellas fueron identificadas hasta días después de su muerte. Otras continúan en calidad de desconocidas.
Además de urbano, el fenómeno se nutre de una cultura patriarcal tóxica.
¿Por qué, entonces, no ha sido posible detener esta ola de violencia y sí, por el contrario, ésta se expande? Porque no se están atendiendo las dimensiones del fenómeno directamente relacionadas con su producción.
Hay avances significativos y plausibles en materia jurídica. Pero la normatividad no incide directamente en las percepciones culturales ni en las prácticas sociales.
Condiciones estructurales cada vez más apremiantes están destruyendo los tejidos sociales comunitarios. Y poco, si no es nada, se está haciendo al respecto.
Sin lugar a dudas, es urgente desarrollar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida sociales. Es necesario que haya más y mejores empleos y más altas remuneraciones. Pero urge, además, implementar políticas muy concretas que transformen el universo de significaciones que la cultura patriarcal ha depositado en el género femenino, así como también eleven los niveles de seguridad de los espacios y ambientes sociales.
Es urgente que el gobierno estatal y los gobiernos municipales desarrollen mapas de violencia de género y de feminicidio y se ocupen de atacar el fenómeno desde sus raíces.
El creciente número de mujeres asesinadas y las formas en las que son tratadas en los momentos previos al asesinato y la forma en la que se pretende hacer desaparecer sus cuerpos son indicadores claros de que los hombres estamos siendo formados sobre creencias erróneas acerca de quienes comparten vida, sentimientos y espacios con nosotros.
Estamos siendo educados en la violencia como la única forma de resolver diferencias.
Al igual que las cuestiones estructurales, como lo son las normas jurídicas y las condiciones de vida, las pautas de convivencia necesitan atención prioritaria. Es a través de ellas que las cada vez más precarias condiciones de vida conducen a la explosión de la negación y la destrucción.
Mientras la violencia de género continúe sin ser atendida mediante políticas públicas claras, bien diseñadas y aplicadas, orientadas a restablecer los tejidos sociales comunitarios y los universos culturales de convivencia, la violencia de género y los feminicidios registrarán crecimiento y terminarán por destruirnos como sociedad.
