Por: Lesly Mellado May
Desde el nombre de las vías se adivinaba a lo lejos que un día por ahí tropezarían con la muerte.
Ha pasado un mes desde que una toma clandestina en el gasoducto que atraviesa por Xochimehuacan provocó explosiones que cobraron la vida de cinco personas y dejaron en ruinas 59 viviendas.
La tragedia pudo ser mayor, dijeron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa, pero hubo una reacción rápida y lograron desalojar a cientos de vecinos que han hecho un acto cotidiano el riesgo de vivir sobre ductos de Pemex, a escasos pasos de la vía del tren, a la manera arbitraria del mexicano de hacer ciudad.
Al cabo de estos 30 días no hay responsables visibles: los huachigaseros están libres y no sabemos oficialmente los nombres de los funcionarios públicos que hicieron legal la construcción de casas en sitios donde está prohibido por la ley y el sentido común.
El 8 de noviembre en conferencia de prensa, el director de Bienes Muebles e Inmuebles, Emilio Ferrer, dio a conocer que en la zona siniestrada de San Pablo Xochimehuacan se encontraron 77 viviendas con cuenta predial que fueron edificadas en un área restringida a construcciones.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia y a solicitud de un ciudadano, la dependencia alegó que no puede dar a conocer los años en que se expidieron las cuentas prediales: “le hacemos de su conocimiento que este Sujeto Obligado, no cuenta con facultades para proporcionar la información solicitada específica, consistente en el año de expedición de las 77 cuentas prediales, toda vez que no es generador, ni poseedor de la misma, por lo tanto no es el Sujeto Obligado responsable de otorgarla”.
Los 77 predios están entre las calles y privadas Mexicano, Gasoducto y Ferrocarril, ¿qué funcionarios municipales liberaron los trámites para legalizar esto?
Seguramente fueron del PRI y el PAN, que han gobernador la capital en los últimos años, pero no se percibe voluntad del presidente municipal, Eduardo Rivera, de escarbar por ahí tomando en cuenta que fue candidato de ese amasiato partidista.
El nuevo secretario de Infraestructura estatal, Roberto Tenorio, dio otras cifras este 1 de diciembre: se demolieron 31 casas que estaban en zona de restricción, 10 familias aceptaron recibir una nueva casa en otra zona de la ciudad. Esto con cargo al erario. Y los que originaron el problema…
El alcalde Eduardo Rivera no ha salido bien en las intervenciones durante las conferencias de prensa dadas sobre el tema, su dato duro son las toneladas de escombro que se han recibido en los bancos de tiro y las 212 notificaciones a viviendas en zona de riesgo.
Ha pasado un mes y no hay estrategia clara para evitar otra tragedia. Desde hace 20 años se reparten notificaciones por toda la ciudad a la población que ha invadido áreas federales, que vive sobre ductos de Pemex o debajo de torres de alta tensión, y permanecen ahí; está probado que un papel membretado no es la solución.
