La indiferencia política y la apatía de los ciudadanos,
y la despreocupación del Estado que no cumple con su obligación
de promover el bien común son hijos legítimos,
aunque integrados, de la sociedad civil
Zygmunt Bauman
En este año de 2024, se elegirán, según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral, 20 mil 286 cargos públicos. Por lo tanto, esta carta está dirigida a la multitud de candidatos y partidos políticos involucrados.
Esta misiva está dividida en secciones, desde este momento hasta el domingo de las elecciones, siempre que las condiciones lo permitan.
A todos los candidatos de los 20 mil 286 cargos de elección popular:
En los últimos años, se ha llevado a cabo un debate intenso en los congresos, en los discursos y en las manifestaciones, entre las políticas públicas de izquierda y las políticas públicas de derecha.
Sin embargo, muchos candidatos carecen de un conocimiento completo sobre lo que esto implica. Incluso los defensores de una u otra postura a menudo se confunden al intentar implementar alguna de estas políticas.
En la práctica, lo que suele suceder es que se termina adoptando la política opuesta. Por lo tanto, es importante que se aclare qué significa cada una de estas tendencias para los miles de candidatos que están compitiendo por los puestos de elección popular que se definirán el 2 de junio de este año.
Algunos de estos candidatos tienen como único objetivo obtener el cargo público, mientras que otros simplemente se inscriben como comparsas de un sistema que cada día parece más obsoleto.
Desde la conformación del Estado tal como lo conocemos hoy, se ha considerado que los cargos públicos deben estar legitimados, es decir, debe existir una razón para la creación del Estado, sus instituciones y los cargos públicos. Por lo tanto, es necesario que los candidatos respondan a la pregunta del ciudadano común sobre cuál es la misión del Estado y sus instituciones.
Históricamente, los Estados han surgido de sistemas de gobierno autoritarios, totalitarios y absolutistas, donde el símbolo más claro era la frase atribuida a Luis XIV: “El Estado soy yo”, pronunciada el 13 de abril de 1655 por el famoso Rey Sol.
Por lo tanto, en la formación de los Estados se buscaba garantizar las libertades de los súbditos y convertirlos en ciudadanos con ciertos derechos, especialmente los derechos de libertad.
Por consiguiente, la primera justificación del Estado tal como lo conocemos hoy es proteger los derechos de libertad de los ciudadanos.
Sin embargo, para lograr esto, era necesario establecer seguridad jurídica, es decir, un conjunto de reglas que definieran qué conductas están prohibidas, permitidas y obligatorias. No puede haber libertad sin estas reglas, ni libertad sin seguridad jurídica, y es responsabilidad del Estado garantizar esta seguridad.
En cambio, al otorgar únicamente libertades, los Estados generan grandes desigualdades. Existe una dicotomía: al otorgar derechos de libertad, se limitan los derechos de igualdad. Es decir, cuanto más libertades se otorgan, mayores son las desigualdades.
Por lo tanto, el Estado también debe garantizar los derechos de igualdad, ahora conocidos como “derechos sociales”, que incluyen el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, al acceso al agua, a la educación, a una vivienda digna, entre otros.
Sin embargo, otorgar simultáneamente ambos tipos de derechos es un desafío, ya que “a mayor igualdad, menor libertad, y a mayor libertad, menor igualdad”.
Por lo tanto, las políticas públicas que priorizan los derechos de libertad son conocidas como políticas públicas de derecha, mientras que aquellas que priorizan los derechos de igualdad se denominan políticas públicas de izquierda.
Por otra parte, el problema actual radica en clarificar los derechos de igualdad, lo cual no es fácil, ya que la igualdad puede ser entendida de diferentes maneras.
En el primer caso, adoptar políticas públicas de igualdad implica tratar a todos por igual, lo cual se conoce como “igualitarismo”. Sin embargo, esta igualdad no es suficiente e incluso puede ser peligrosa.
Por otro lado, la igualdad jurídica implica tratar de manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales.
Por lo tanto, garantizar los derechos de igualdad es mucho más difícil que otorgar derechos de libertad. Es por eso que, aunque ahora es popular hablar en los discursos de los candidatos sobre derechos sociales, no se pueden otorgar estos derechos de manera uniforme, sino que es necesario proporcionarlos de acuerdo a las circunstancias específicas de cada individuo.
Otro problema de la izquierda es que, en general, apela a los derechos de igualdad y siempre defiende al más débil en cualquier relación.
Por ejemplo, en la relación entre el empleador y el trabajador, siempre está del lado del trabajador; en la relación entre la autoridad fiscal y el contribuyente, está del lado del contribuyente.
No obstante, en ocasiones los defensores de políticas públicas de izquierda confunden quién es el sujeto débil en las relaciones, llegando al punto de apoyar al más fuerte en lugar del más débil.
Un ejemplo claro de esto es el tema del aborto, donde en la relación entre la mujer y el feto, defienden a la mujer, que en este caso es el sujeto más fuerte, y abandonan al feto a su suerte.
Por lo tanto, gobernar bajo la bandera de políticas públicas de izquierda es más difícil que hacerlo con políticas públicas de derecha. Se necesitan candidatos mejor preparados, más informados y mejor asesorados. Sin embargo, con los miles de cargos en juego el próximo 2 de junio, estos candidatos escasean.
Por lo tanto, en estas elecciones, el sistema ha dejado a la población a su suerte.
