Deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono
de España que nacieron para callar y obedecer y no para discutir
ni opinar en los altos asuntos del gobierno
Marqués de Croix
Virrey de la Nueva España 1767
Este año serán elegidos, a decir de los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral, 20 mil 286 cargos públicos.
Para esa multitud de cargos públicos y de candidatos –y de paso para los partidos políticos que los proponen– está dirigida esta carta, dividida en secciones de aquí al próximo domingo 2 de junio, si las condiciones lo permiten:
A todos los candidatos de los 20 mil 286 cargos de elección popular:
Deberían tener presente que no se trata de asumir el cargo en una empresa privada, en donde muchas ocasiones se hace lo que el jefe diga y, a falta de órdenes por parte del jefe, cada quien hace lo que quiere.
En cambio, los cargos en una institución pública son totalmente diferentes; no puede hacerse lo que se quiera ni lo que venga en gana. No se valen los caprichos, gustos ni corazonadas.
Debe atender los límites en cada cargo público; para ello se encuentran el principio de legalidad y la división de poderes, como forma de limitar esos cargos públicos.
Para llegar a estos dos principios del Estado de derecho le ha costado a la humanidad millones de muertos y tragedias innumerables.
El principio de legalidad es sustancial en las funciones de la organización del Estado, porque las actuaciones de las autoridades deben sujetarse a las disposiciones legales aplicables.
No hay más que cumplir con las disposiciones legales que les facultan para algunas acciones, pero también los limitan para muchas más.
Por más buenos propósitos que se tengan, no se puede hacer más de lo que la ley marca para cada cargo público. Por ello resulta muy importante que, ahora que están en campaña estos candidatos, por lo menos se preocupen de cuáles son sus facultades en ese cargo y cuáles son sus limitaciones.
Tristemente se escucha a los candidatos haciendo campaña planteando propuestas, proyectos y planes sobre lo que no le corresponde al cargo público por el cual están en campaña.
Así de dramático está el nivel de estas campañas electorales.
Pero muchos cargos públicos cuentan con enormes flexibilidades en sus atribuciones, a lo que se le denomina “facultades discrecionales”, que sirven para poder llevar a cabo sus acciones, a veces con muy buenos propósitos, pero en muchas ocasiones aprovechándose de las condiciones en que se encuentran en esos cargos públicos, por ello es que se pierde el orden y se cometen actos de arbitrariedad.
Las facultades discrecionales mal usadas, desmedidas, son las que provocan la arbitrariedad. Es decir, que no haya razón para llevar a cabo alguna acción, pero se realiza simplemente por voluntad de ese servidor público.
El problema en México es que muchos cargos públicos están llenos de facultades discrecionales, por lo cual caen en el abuso de éstas y por ello vemos constantemente actos de arbitrariedad.
El problema no es solamente que ocurran esos actos de arbitrariedad, sino que estos conllevan a otras situaciones más graves, como la corrupción, ese mal que no se ha podido por lo menos aminorar y que, por el contrario, cada día aumenta más y, se debe a que el propio sistema jurídico establece en sus disposiciones una gran carga de facultades discrecionales en cada cargo público, lo cual conlleva a que se encubran arbitrariedades y, con ello, la llave de la corrupción.
Por eso, para combatir la corrupción deberían saber los candidatos a los más de 2 mil cargos públicos que la corrupción no se combate con buenas intenciones o con contar en los cargos públicos con un puñado de buenos ciudadanos.
Ésta se combate frenando tantas y tantas facultades discrecionales previstas en las leyes.
Eso no es todo, el siguiente paso cuando se permite tanta discrecionalidad, con ello tanta arbitrariedad y por último, la corrupción es la violencia.
Esto solamente se combate con la legislación penal, imponiendo más delitos, más sanciones, incrementando las penas, pero esto es meramente simbólico. No se puede combatir la violencia si no se combate la corrupción y la mejor forma de combatirla es frenando tanta discrecionalidad con que se cuenta en los cargos públicos.
Por eso, la mejor propuesta para resolver este mal es limitar en el sistema jurídico tanta discrecionalidad impregnada en cada cargo público, lo cual ningún candidato ha mencionado en sus campañas, posiblemente porque no sabe o bien porque no le conviene.
