Palabra de mujer
Rocío García Olmedo
Aún cuando todavía faltaría la resolución de impugnaciones –que seguramente se interpondrán– sobre el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado viernes, que asignó el número de diputaciones y senadurías por la vía de la representación proporcional, seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya no hará modificaciones sustanciales.
El partido Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 364 y les faltaría sólo dos o tres personas para alcanzarla en la de Senadores. La sobrerrepresentación ha sido consumada.
En los últimos días, mucho se ha escrito y analizado en torno a la interpretación de la norma jurídica.
La mayoría señala que debía considerarse la estrecha relación que guardan las tres fracciones (I, IV, V) del Artículo 54 de la Constitución; pero también el principio de progresividad establecido constitucionalmente para asignar y designar tanto a los 200 representantes en el caso de la Cámara de Diputados, como a los 32 lugares en el Senado.
El principio de todas las voces especializadas: la sobrerrepresentación del ganador implica la subrepresentación del perdedor.
Nada fue escuchado.
Diversos analistas y expertos juristas constitucionalistas mencionan que el modelo pluralista –que dio cauce a la inclusión de las minorías y que llevó a construir el sistema político electoral mixto– ha sido destruido.
Se ha olvidado que, si bien 36 millones de personas votaron a favor del actual partido hegemónico Morena, hay 24.7 millones de mexicanos y mexicanas que votaron por las oposiciones, sin olvidar también que 38.3 millones decidieron no votar.
¿Transformación con exclusión? Bien puede ser una contradicción de la que pronto conoceremos su impacto.
El plan C del saliente presidente se sigue concretando aun cuando se hicieron propuestas que provocaron amenazas en contra de consejeros y consejeras del INE.
Estamos testimoniando la reconfiguración del sistema político electoral, pero también de la nueva conformación del gobierno federal. De entrada incluye la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) entre otros, cuyos dictámenes de desaparición ya fueron aprobados para ese efecto en comisiones y sólo esperan la llegada de la próxima legislatura federal para que sean aprobados.
Seguramente negociarán los dos o tres votos que les hacen falta en la Cámara de Senadores para darles vigencia, ya que todas son reformas a la Constitución mexicana, incluido el dictamen aprobado respecto de que la Guardia Nacional pasa a ser parte del Ejército Mexicano.
Todo ello abre la puerta a la destrucción del principal logro de “aquel gran movimiento definidor del siglo XX, la formación de un nuevo régimen de instituciones”, cuya construcción costó décadas.
A diferencia del objetivo esencial de la época de los años 60 y 70 que sostenían la necesidad de dar voz a las minorías del país.
¿Pensarán hoy que con cerrar el acceso a las minorías, desapareciendo la pluralidad en el Congreso de la Unión, para dar paso a una sola fuerza hegemónica, desaparecerá la pluralidad del país? Y
Yo, no lo creo.
Por lo pronto, consummatum est.