Jorge Alberto Calles Santillana
El desarrollo de la pandemia de COVID-19 en México y sus consecuencias es un tema que se ha politizado, inevitablemente, en buena medida por la polarización ideológica que nos envuelve y que a diario reproducimos todos. Seguidores y críticos del presidente se han enfrascado en una competencia por otorgarle significado al número de contagios y decesos que a diario registran las autoridades sanitarias generando un debate del que pocas conclusiones sensatas pueden obtenerse. El hecho de que México sea uno de los países del mundo que mayor número de contagios y de muertes registra obliga a buscar respuestas a dos preguntas centrales ¿por qué? y ¿qué hacer a futuro?
Afortunadamente, los centros de investigación del país se están ocupando de estudiar el fenómeno con la finalidad de conocer los hechos y de producir datos duros que nos posibiliten entender la importancia y el alcance de esta pandemia, más allá de los sesgos partidarios y de nuestras fobias y simpatías. Así, por ejemplo, recientemente el doctor Héctor Hernández, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer un estudio en el que ofrece datos sobre la mortalidad de la pandemia. Gracias a este acercamiento, hoy podemos saber que el 71 por ciento de las víctimas del virus pertenece a los estratos más vulnerables de la población.
Su nivel máximo de estudios era primaria o inferior y la mayoría de ellos laboraban como choferes, operarios de fábricas o tenían trabajos informales o desempleados.
Por otra parte, más de la mitad de esas defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta porque los pacientes no tenían acceso a la seguridad social. Por contraste, menos del tres por ciento de los fallecimientos han tenido lugar en instituciones privadas de servicios de salud.
Si relacionamos estos datos con otros producidos por instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales podemos obtener un panorama más amplio de las implicaciones presentes y futuras de estos hechos. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de marzo a la fecha se han perdido más de un millón de empleos formales, lo que significa que la población vulnerable que no tiene acceso a los servicios de salud del gobierno se ha engrosado en esa cantidad. Pero la cifra de personas que ha dejado de percibir ingresos, por tanto, se encuentran desprotegidas frente a la pandemia es mayor. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que son 12 millones de personas las que han resultado afectadas laboralmente por la presencia del coronavirus en México. Los mercados laborales informales también han resentido las prácticas de confinamiento y la falta de apoyos económicos.
Resulta, pues, irrelevante la disputa sobre el significado de los contagios y las muertes. Lo que debe preocuparnos es que ambas cifras son altas, pero sobre todo, que las condiciones actuales están conduciendo al riesgo a cada vez más mexicanos, especialmente a quienes menos oportunidades tienen. Lo que también debe ser objeto de preocupación es el proceso de recuperación que el gobierno deberá conducir una vez que la pandemia ceda pues demandará una planeación estratégica, bien pensada y diseñada cuyas prioridades deberán ser el sistema de salud social, la economía y los mercados laborales. Los recursos que para tales efectos habrá que invertir son muchos. El estado no cuenta con ellos. El panorama se ve complicado.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las tasas impositivas en los países que la integran, entre los cuales se encuentran los más desarrollados, promedian 34 por ciento. Frente a esto, el promedio latinoamericano es bajo pues apenas alcanza un 23 por ciento. México es de los países cuyas tasas tributarias es de las más bajas; es del 17.2 por ciento. El panorama luce, pues, complicado.
La pandemia está incrementando los niveles de pobreza y marginación en el país. Detener esa progresión y revertirla exige algo mucho más que políticas asistenciales. México deberá contar con una planta productiva sólida, un sistema de salud de primer nivel, un sistema educativo de excelencia. Los esfuerzos para hacer de México un país menos injusto y desigual exigen repensar las políticas públicas. Nuestras autoridades deberían estar en estos tiempos realizando diagnósticos serios de la situación por la que atravesamos e imaginando posibles escenarios futuros con base en una planeación multidisciplinaria. Una reforma fiscal de fondo que le permita al estado allegarse de los recursos necesarios para atender las múltiples necesidades tendría que estar necesariamente contemplada como parte de la estrategia. Que paguen más quienes más ganan. Pero esto significa, también, crear reglas claras que permitan el resurgimiento de la economía formal y la creación de empleos. El reto es grande. ¿Lo estamos dimensionando correctamente? Ojalá, pero tengo dudas serias.
