AGENDA CIUDADANA
Jorge Calles Santillana
“Estamos frente al episodio de cierre del INAI”, afirma, basándose en lo que María Amparo Casar ha llamado el proceso de desinstitucionalización, propiciado por Andrés Manuel López Obrador con el fin de desmontar la arquitectura institucional que “surgió de luchas ciudadanas que buscaban proteger derechos”.
Esto ocurre, dice, en medio de un proceso de debate conceptual sobre la democracia con el que se está haciendo avanzar a “un régimen más cercano a la autocracia que a un régimen autoritario sin legitimidad democrática”.
Las fuerzas armadas, sostiene, constituyen la pinza que está siendo empleada para fortalecer este proyecto de concentración de poder, lo que “nos ubica en el plano del militarismo”.
Este proceso, afirma, deberá ser resistido con votos democráticos porque, de lo contrario, “va a resultar muy difícil intentar reencauzar el proceso de democratización que se había venido gestando en las últimas décadas”.
Es estudioso del derecho a la información, secretario durante cinco años del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y actualmente coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Roberto Ignacio Alonso Muñoz no duda en afirmar que la sociedad civil deberá, ante la inminente desaparición del Instituto, organizar batallas conducentes a recuperar instituciones que garanticen el derecho a la información salvaguardando dos componentes fundamentales que han caracterizado al INAI: “su carácter técnico y su independencia”.
Entrevistado en las instalaciones de la universidad, Alonso sostiene la necesidad de garantizar el acceso a la información pública como un requisito democrático indispensable e irrenunciable, si bien reconoce que los procesos por medio de los cuales surgieron el INAI y otros órganos autónomos están viciados de origen.
Recupera argumentos empleados por los defensores de la desarticulación institucional y los rebate con firmeza. Tal como reza la campaña de su defensa, sostiene Alonso, “el INAI sí sirve”.
—Roberto, por mucho tiempo has trabajado sobre el derecho a la información y has participado en organizaciones que lo promueven y defienden. ¿Qué has reflexionado al respecto, a la luz de las posibles reformas constitucionales que promoverán la desaparición de la mayoría de los órganos autónomos creados por la sociedad civil a lo largo de los últimos treinta años, incluido el INAI?
—Estamos viviendo el episodio de cierre
–para recurrir al vocabulario de las series de televisión– de lo que María Amparo Casar llama el proceso de desinstitucionalización. Es un proceso por el que no votamos; no formó parte con nitidez de la propuesta presidencial de la candidata por Morena.
Vivimos ahora la deriva, la erosión de la democracia, de los contrapesos, de las instituciones que creamos durante las primeras décadas de este siglo.
Esas instituciones surgieron de acuerdos de largo aliento que buscaban proteger derechos y en el caso concreto del INAI, el derecho a saber, el derecho de acceso a la información pública.
El instituto surgió como resultado de luchas ciudadanas emprendidas por académicos, periodistas, organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas interesados e interesadas en dotar de contenido específico a aquel artículo de la Constitución que desde los años 70 afirmaba como obligación del Estado garantizar el derecho a la información.
El combate al INAI ha pasado por varias etapas, tal como lo ha sostenido María Amparo Casar.
Primero sufrió el “apretón presupuestal”. Después, fue estigmatizado y descalificado; muy tempranamente, López Obrador atacó el instituto en sus conferencias mañaneras.
Posteriormente, el instituto enfrentó la inoperancia: cuando dos comisionados concluyeron sus períodos de funciones, no fueron remplazados.
Y ahora, finalmente, su desaparición.
—Sus críticos sostienen que los países más democráticos del mundo no tienen, porque no requieren, instituciones como el INAI…
—Ciertamente, la desaparición del INAI no significaría que nos rezagaríamos respecto de los avances democráticos de otros países porque muchos de ellos no cuentan con instituciones como el INAI.
Pero ese argumento no debe conducirnos a perder de vista que los diseños institucionales responden a contextos políticos concretos. Si en México construimos el INAI es porque lo necesitábamos y lo seguimos necesitando.
El traspaso de sus funciones al Tribunal de Justicia Administrativa transformaría la esencia del instituto. Es un paso que nos regresaría al régimen de opacidad que habíamos estado superando. Esta medida es el capítulo de cierre de este proceso de desinstitucionalización.
Algunos argumentan que no funciona a la perfección, que tiene vicios y que sus funcionarios incurren en excesos. Cierto. Pero es un instituto que forma parte del andamiaje con el que la sociedad civil consiguió arrebatar al Estado espacios de poder.
Habrá que perfeccionarlo, sin duda; pero no desaparecerlo. En el sexenio de Fox se crearon la ley federal y la primera versión del instituto, el IFAI; en el de Calderón se elevó a rango constitucional el derecho al acceso a la información pública y con Peña Nieto, se consiguió la autonomía, el carácter nacional del instituto y su ampliación, de cinco a siete comisionados.
Sólo en el sexenio de López Obrador el INAI estuvo bajo franco ataque y es en éste en que se propicia su desmantelamiento.
Nadie puede sostener, hoy, que el INAI no sirve. Además defender el derecho al acceso a la información, el INAI también defiende otro derecho humano fundamental: el derecho a la privacidad.
No podemos estar más de acuerdo con el slogan de defensa del instituto: el INAI sí sirve. Ha servido a personas, a comunidades, a pueblos originarios, a instituciones, a la misma administración pública y a los otros poderes a profesionalizarse y ganar experiencia.
En la defensa de estos dos derechos, el INAI ha dado resultados concretos. Por esos resultados que no terminan de gustar al poder en turno es por lo que están planeando en su extinción.
Otros critican que, a pesar del INAI, la corrupción no ha desaparecido.
La crítica no merece mayor consideración: la función del INAI no es combatir la corrupción, desaparecerla, sino facilitar la información que la documente, para que las instancias correspondientes se encarguen de sancionarla y corregirla.
—Hablemos de casos concretos de éxito…
—Existen, por supuesto, casos emblemáticos y los referiré. Pero el INAI se ha consolidado a través de múltiples historias de servicio a personas de a pie, de diferentes orígenes y variados rumbos del país, que gracias a él han podido gestionar su cambio de identidad sexogenérica, que han podido acceder a servicios de salud a los que tienen derecho.
Son miles de miles de historias de personas con nombres y apellidos para quienes el INAI ha sido un baluarte en la salvaguarda de sus derechos.
Refiramos los casos emblemáticos.
El instituto hizo posible documentar el caso de la Estafa Maestra.
También, gracias a él, conocimos con detalles el Caso Odebrecht.
También fue posible obtener toda la información que permitió conocer cómo Angélica Rivera, entonces esposa del presidente Peña Nieta, obtuvo la casa conocida como “La Casa Blanca”.
A partir de solicitudes de información pública presentadas por periodistas e investigadores académicos, ese casos dejaron de ser historias ocultas y han construido, en la opinión pública, casos históricos de la corrupción de nuestros altos funcionarios.
Por si fuera poco, en el sexenio de Peña Nieto el INAI fue pieza clave para la defensa del derecho a la privacidad. Recordemos que en esos años se pretendió crear un padrón único de usuarios de telefonía móvil, violando los datos biométricos de todas las personas que poseían un dispositivo móvil.
El recurso llegó hasta la Corte y ésta declaró inconstitucional la propuesta de ley. Sin El INAI, este proyecto habría progresado y, hoy, la secretaría de Gobernación tendría a su alcance, de manera legaloide, los datos biométricos de casi toda la población mexicana.
Todos estos casos dan cuenta de la importancia que ha tenido el INAI en nuestra historia política reciente y del valor de su independencia política y su carácter especializado.
—Hablemos de sus fallas…
—Los miembros del INAI, al igual que los de la Corte y del INE, fueron resistentes a tomar nota del momento político por el que atraviesa México.
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación cerró la puerta a prácticas de dispendios, comodidades y privilegios. Los miembros del INAI debieron haber seguido estos preceptos…
—¿La austeridad republicana se ejerció realmente? ¿No se quedó en el discurso?
—Si bien la “austeridad republicana” es un recurso discursivo, sí creo que en la administración de López Obrador hubo un mayor recato en el uso de los recursos públicos por parte de la mayoría los funcionarios públicos, respecto de los funcionarios de épocas anteriores.
Esto no significa que no haya casos de excesos y de corrupción. Así pues, la gente del INAI no tuvo la sensibilidad de acompañar ese cambio político, que goza de una fuerte legitimidad.
El instituto debió haber promovido la reducción de salarios, del tamaño del pleno y de la cantidad de direcciones con las que cuenta. Presentaron tardíamente una propuesta para reducir viajes y gastos de representación…
—Si hubieran tenido esa sensibilidad ¿de verdad habría sobrevivido el
instituto?
—No estoy seguro, porque los únicos organismos autónomos que no están en la órbita de la desaparición son aquellos no que mostraron sensibilidad, sino que bajaron la guardia totalmente; que aceptaron la captura: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República.
Aquellos que quisieron mantener su independencia y su función de contrapeso están, hoy en día, sentenciados a
desaparecer.
—El INE ha dejado de ser molestado…
—Tienes razón. Son tres: la CNDH, la Fiscalía y el INE. Todos ellos fueron capturados. Tenemos el INAI por el contexto en el que surgió y por el contexto en el que vivimos. Ciertamente, no creo que este instituto sea la única salida que tenemos.
Debemos defender no al instituto en sí, sino a lo que es, a su esencia. Se puede llamar de otra manera; puede estar repartida en diferente organismos del andamiaje institucional…
—¿Estamos, entonces, aceptando ya su desaparición?
—Es que va a suceder.
—Yo dudo, sinceramente, que el ejercicio de estas funciones, tal como las ha ejercido el INAI, vaya a ser preservado en el aparato institucional del Estado…
—Efectivamente, es ingenuo pensar que la tendencia política nos vaya a dar una sorpresa. Lo que creo es que el INAI no es el único diseño posible.
El diseño para construir, que puede ser distinto al actual, debe ser elaborado salvaguardando dos componentes básicos y fundamentales: el carácter independiente y su orientación técnica.
Este es el diseño que debería empezar a ser pensado, desde ya, desde la sociedad civil, ante la enorme posibilidad de que la reforma no garantizará el derecho a la información pública, como hasta ahora está garantizado.
—Actualmente se emplea más la categoría de “pueblo” que el de “ciudadanía”. ¿Cómo leer este proceso de desinstitucionalización en medio del proceso de creciente complejización que vive la sociedad mexicana?
—Vivimos en medio de un debate conceptual sobre la democracia y hay posiciones encontradas. El concepto no es entendido hoy, de manera unívoca.
Unas versiones enfatizan las libertades y los derecho, particularmente las libertades individuales.
Otras, priorizan los controles constitucionales, un modelo que busca que el poder frene al poder.
Por otro lado, está el modelo rousseauniano, el de la voluntad general, que enfatiza la legitimidad que otorgan las mayorías y el uso del poder con apego a esa legitimidad, a costa de los derechos de las minorías.
Cada modelo contiene no sólo una versión del poder, sino también de la arquitectura institucional a través de la cual éste se deberá ejercer.
El empleo de la categoría “pueblo”, categoría que de suyo es difusa y problemática, forma parte de este relato de desinstitucionalización. Es una categoría que permite que las mayorías se impongan sobre las minorías con argumentos de orden moral.
Se aceptan las autonomías siempre y cuando se alineen con las “intereses del pueblo”. Este relato busca anteponer esta categoría problemática a lo que ha sido el desarrollo de la sociedad civil de las últimas décadas y que ha promovido el rompimiento entre el poder público y una sociedad que se asume opositora.
López Obrador, desde las mañaneras –y Claudia Sheinbaum lo ha comenzado a hacer también–, se negó a dialogar con la sociedad civil porque la asumió como “adversaria”.
Pero, en realidad, las agrupaciones civiles que reclaman diálogo cumplen con una cuota de desempeño democrático.
Estamos hablando de universidades, organizaciones sociales, centros de investigación, think tanks, colectivos feministas, agrupaciones de madres de personas desaparecidas que, si bien no tiene constitución legal, sí gozan de mucha legitimidad por ser víctimas de problemas estructurales.
Vivimos un momento muy desafiante en el que debatimos qué relato de democracia y su correspondiente arquitectura institucional nos convence y decidimos seguir.
No es lo mismo entender democracia desde la perspectiva liberal representativa, según la cual el poder debe ser contenido a través de diversos mecanismos de control, que quedarnos a nivel, simplemente, de la etimología: la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Si hacemos esto, dañamos el desarrollo democrático que hemos venido consiguiendo de a poco y no sin errores y
desvíos.
—¿Podríamos convertirnos en una dictadura?
—Yo diría que en una autocracia, un régimen híbrido, con episodios de erosión democrática y dicho desenlace, en el que coexisten elementos democráticos con elementos autoritarios. Aquí juegan un papel importante las Fuerzas Armadas, una institución que no ha sido sometida a una revisión democrática; por el contrario, se ha fortalecido.
Las Fuerzas Armadas no habían tenido el protagonismo, no sólo institucional sino también discursivo e ideológico, que ahora han alcanzado.
Estamos ubicados, ahora, en el plano del militarismo, en tanto doctrina que antepone los valores castrenses a los principios civiles y democráticos.
Las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas como pinzas para cerrar este proceso de concentración del poder.
Estamos más cercanos a una autocracia que a un ejercicio autoritario del poder, sin legitimidad democrática.
Veamos cuánto dura este proceso. Sin embargo, no hay duda de que vivimos en medio de un escenario muy problemático.
