Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava / correo: [email protected] / web: parmenasradio.org
Muy certera ha sido la sentencia del
Tribunal Permanente de los Pueblos, pronunciada
al cabo de tres años de sesiones y miles
de testimonios: en este reino de la impunidad hay
homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores
y violencia sexual sin abusadores
Eduardo Galeano
“¡Nunca más!” es la frase que circuló después de lo sucedido con el genocidio cometido a los judíos. Incluso la palabra “genocidio” no existía hasta que pasó tal atrocidad en el siglo XX. Esa misma frase de “nunca más” fue la que se repitió después de los gobiernos militares en Argentina, Uruguay, Chile, Perú; pero poco se difundió por la Guerra Sucia en México, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX».
Esa frase representa que, después de dichos crímenes (sean genocidios o, bien, politicidios), es necesario juzgar a los culpables para que no se vuelvan a cometer esos delitos u otros de lesa humanidad. Por ello, se han creado los tribunales de orden internacional, como es el caso de la Corte Penal Internacional, pues, normalmente, las naciones buscan la forma de evitar los juicios a los responsables de esos crímenes o de dirigirlos a procesos amañados para castigar a cualquiera y, así, justificar su labor de perseguir a los “responsables”.
A razón de que los delitos tan graves y lesivos no queden impunes se ha creado la denominada “jurisdicción universal”, que permite que los tribunales de alguna nación que así lo legisle puedan conocer de violaciones graves a los derechos humanos cometidas en otras naciones con la finalidad de que no vuelvan a suceder. Así ocurre tanto con la denominada jurisdicción universal “subsidiaria” como con la “concurrente”, siendo la primera la que estuvo vigente en España y provocó que se juzgaran muchos casos de violaciones graves de derechos humanos en Sudamérica, como fue en Chile con Pinochet o en Perú con Fujimori, e, incluso, impulsó los procesos penales en contra de Videla en Argentina.
La intención de juzgar y castigar tales delitos, incluso con tribunales especiales y leyes aplicadas en forma retroactiva, ha sido la de que no se vuelvan a cometer. Desde luego, existen sus objeciones, pues muchas veces se da la impresión de ser más que justicia, venganza. Sin embargo, se ha dado preferencia a este tipo de justicia, en vez de a la seguridad jurídica, con la finalidad de que no se vuelvan a cometer tales violaciones masivas de derechos humanos.
La prueba de que olvidarse de dichos casos repercute en que vuelvan a suceder es lo que pasa en México: crímenes que no se juzgan, investigaciones que se desvían o se quedan estancadas en procedimientos infinitos y sin resolución alguna.
Basta con recordar la masacre, en 1995, de Aguas Blancas, en el Estado de Guerrero.
A la fecha, sigue en las mismas condiciones: no se conoce lo que verdaderamente sucedió, cuya consecuencia parece ser lo que aconteció en Ayotzinapa, también en el Estado de Guerrero.
El 26 de septiembre de 2014 ocurrió la desaparición de los estudiantes por todos vista y conocida. Sin embargo, después de siete años, hay tantas versiones que han generado poca credibilidad en las instancias gubernamentales. Aún se sigue insistiendo en saber qué pasó y, por lo pronto, no ha pasado mucho con las investigaciones al respecto, lo cual es prueba de que la ley no se aplica.
De este modo, no juzgar tales desapariciones se convierte en un precedente muy claro para que vuelvan a presentarse esas atrocidades. Basta con recordar que en el nazismo para aplicar el genocidio judío se justificaban con que el exterminio Armenio que se presentó a principios del siglo XX nunca se juzgó. Por esta razón se desprende la pregunta de lo que ha sucedido en los últimos años en México: ¿cuántos Ayotzinapas después de Ayotzinapa?
En ese caso, desafortunado, desaparecieron 43 estudiantes, pero en la actualidad los números de personas cuyo paradero se desconoce, muertos, ejecutados, desplazados, cada semana se incrementa, lo cual es una prueba de que no se juzgan los hechos verdaderamente graves en contra de los derechos humanos.
La falta de investigaciones serias y, sobre todo, jurídicas (desde aquella masacre de Aguas Blancas y esta de Ayotzinapa, que cumple siete años) trae como consecuencia lo que se observa todos los días en el territorio nacional. Desafortunadamente, la legalidad, la seguridad jurídica, la justicia, en el sistema jurídico mexicano, está pasando a mejores tiempos. Por lo pronto, el problema principal que hay en el país es el incumplimiento de la ley, pero que parte desde el Estado y, de ahí, continúa a los ciudadanos. Por ello, deberíamos considerar ese “¡nunca más!” que ha retumbado por muchas partes del mundo y que aquí en México ha sido olvidado. Así, la pregunta debe permanecer: ¿cuántos Ayotzinapas después de Ayotzinapa?
