AGENDA CIUDADANA
Jorge Alberto Calles Santillana
De a poco y sin registro de grandes enfrentamientos, el autoritarismo avanza en el país y pronto –una vez que el nuevo poder judicial entre en funciones– tomará una forma que reclamará mucho esfuerzo, además de tiempo, deshacer y recomponer.
En las últimas semanas han sido aprobadas leyes y promovidas otras y ha circulado información sobre la elección del Poder Judicial que anuncian el fortalecimiento del poder presidencial, el colapso de la débil división de poderes que aún persiste, el control de actividades económicas por parte del Estado, el debilitamiento del poder ciudadano para decidir quiénes gobernarán y serán sus representantes, así como el fortalecimiento de las cúpulas partidistas –especialmente la dominante– en los procesos de selección de candidatos a puestos populares.
Súmese, además, la altísima popularidad de la presidenta Sheinbaum, la agresiva campaña de afiliación del partido oficial y el lamentable caso de censura en “El Universal” de la columna de Agustín Gutiérrez Canel, embajador en retiro y personaje incómodo, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, de todos quienes han ocupado la presidencia, a partir de Carlos Salinas.
La modificación de la ley que rige el funcionamiento del Infonavit ha suscitado críticas dentro de grupos de la oposición y analistas.
Que a partir de ahora el instituto deje de ser una institución crediticia y pase a ocuparse de la construcción, como originalmente fue concebida, ha motivado molestias entre los críticos.
Se aprecian intentos de echar mano del fondo de la institución, una cifra nada despreciable, 2.4 billones de pesos.
La alteración de la Asamblea General para otorgar más peso a los representantes del Poder Ejecutivo, sobre los de los propios trabajadores y los empresarios, es, quizás, el cuestionamiento más fuerte.
Con la nueva composición de esa Asamblea, la presidenta podrá utilizar los fondos del Infonavit a discreción, en tiempos en los que los órganos fiscalizadores autónomos han desaparecido.
Las molestias no dejan de poner el énfasis en que es Octavio Romero Oropeza, director de Pemex en el sexenio de López Obrador, el director del instituto.
Curiosamente, el gobierno federal echará a andar en breve un programa para rescatar a la empresa petrolera del desastre que ahí provocó el ahora director de vivienda.
El fracaso del instituto en su periodo de construcción condujo a su reforma en los 90.
La indebida selección de terrenos, los pésimos diseños de las viviendas y su mala calidad motivó el abandono de esa función. La nueva ley no sólo implica la reproducción de un modelo que ya demostró ser ineficiente y problemático, sino también un fuerte golpe a los constructores privados.
Por si fuera poco, dentro de poco la ley de Fovissste será también reformada con similares propósitos. Ahí, el fondo proporcionaría a la discrecionalidad presidencial otros 11 mil millones de pesos.
La ley contra el nepotismo y la corrupción no sólo parece una burla a la sociedad mexicana en tiempos en los que ambas prácticas nefastas se han reproducido como nunca. Es también, y sobre todo, uno de los nuevos intentos por despojar a la ciudadanía de su capacidad para decidir a sus gobernantes en las urnas.
En la época de las narrativas, se emplea el argumento de echar a andar esta ley bajo la más nítida inspiración maderista. No es así. La ley no reeleccionista sólo prohibía la reelección, consecutiva, del presidente. De unas tres décadas para acá, las presidencias municipales y las posiciones legislativas estaban abiertas a reelección, de manera que el desempeño de sus ocupantes podía ser premiado o castigado por los electores.
No siempre funcionó a la perfección –nada lo hace, especialmente en nuestro país–, pero había servido para fomentar cierta responsabilidad entre quienes resultaban electos a esos cargos.
Ahora, el poder de las cúpulas partidarias –y en el caso del partido hegemónico, de la presidenta, gobernadores y quienes ocupen los puestos más altos de las jerarquías burocráticas– será repuesto.
Cada día se nos desdibuja más el escaso y débil perfil democrático que con esfuerzos íbamos creando.
En la medida en la que el tiempo corre resulta imposible ocultar tanto la manipulación de las candidaturas a las más de 800 posiciones del sistema del Poder Judicial, como las complicaciones propias del proceso electoral, resultado de la ineficiente planeación a que dio lugar una aprobación más comprometida con los intereses del expresidente López Obrador y su partido, que con la innegable necesidad de revisar a fondo la justicia mexicana.
Dígase lo que se diga, cada vez es más obvia la verdadera intención de la tan amañada como desaliñada reforma: contar con un poder Judicial servil.
Colateralmente, el INE resultará seriamente afectado: será responsabilizado del triste y decepcionante espectáculo que presenciaremos en junio. Se lo cobrarán.
Todo esto sucede en medio de terribles olas de violencia que atemorizan a varios estados de la República, pero que son minimizadas por el hecho de que el número de muertes dolosas diarias ha caído –se mantienen altas, no obstante–, con la manipulación de datos en las sesiones matutinas de la presidenta y con un discurso menos agresivo y polarizador que aquel empleado por López Obrador durante sus años de gestión.
Consigue Claudia Sheinbaum así la alta popularidad que facilita el deslizamiento casi imperceptible hacia un autoritarismo, que en nada se está asemejando al que padecimos durante la era priista.
Tan es así, que ahora la censura se ejerce desde todos los ámbitos y por funcionarios que jamás habríamos pensado que lo harían, como José Ramón de la Fuente, quien obviamente ha negado haber solicitado a “El Universal” bajar la columna de Gutiérrez Canel.
Paralelamente, Morena desarrolla una campaña de afiliación con doble propósito: ampliar la clientela electoral y darle visibilidad a quien seguramente será su candidato presidencial en el 30: Andrés Manuel López Beltrán.
