Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava / correo: [email protected] / web: parmenasradio.org
Las leyes sirven para resolver conflictos,
pero tampoco se puede pasar por alto
que las leyes son al tiempo una
fuente generadora de conflictos
Alejandro Nieto García
Desafortunadamente, parece que la violencia en calles y caminos de México es una constante; no hay momento en el que no se cometa un crimen. Por desgracia, lo peor de todo esto es que se ha generalizado un ambiente de indiferencia a tantos robos, asaltos, secuestros, heridos, tantas violaciones, desapariciones. Pareciera que lo que sucede es que, con este panorama que ya cumple aproximadamente 15 años, estamos acostumbrándonos a “caminar entre los muertos”.
Sumado a esto, parece que cualquier intento gubernamental por detener esta escala de violencia no resuelve nada: desde el legislador, surgen más leyes penales y represivas; desde la administración pública, más represión, más policías, más vigilancia.
Todo lo cual sólo nos ha dejado de experiencia que tal manera de proceder en poco ayuda contra este mal reciente de la nación mexicana.
Por su parte, las instancias judiciales ya no encuentran salida para su exceso de labor. No hay cómo ayudar. Poco se puede hacer desde los juzgados y los tribunales con leyes excesivamente formales, que hacen prácticamente imposible el acceso a la administración de justicia. Por el contrario, los juzgadores se ven en la obligación de aplicar formalismos legales, que tampoco resuelven el problema de un país que, cada día, está incendiándose más con tanta inseguridad pública.
Por ello, estos órganos jurisdiccionales quedan muy mal parados con sus resoluciones y al sustentarse en leyes excesivamente formalistas, poco se puede hacer para la labor de: “darle a cada quien lo que le corresponde”.
Para colmo de toda esta tragedia nacional que estamos atravesando, las reformas constitucionales en poco ayudan para disminuir este incremento de violencia en el país.
Tal es el ejemplo claro de lo que sucede con la reforma reciente a la Constitución, digamos “la reforma de marzo de 2021”, teniendo en cuenta que a cada momento o a cada mes se reforma la Constitución (es impresionante ya el grado de reformas y el uso tan despiadado que se hace de la Constitución). En la del jueves 11 de marzo de 2021, se modificó el Poder Judicial.
La voz oficial, con los bombos y platillos que representa la necesidad de quedar bien, sostuvo que es una reforma tan benevolente y trascendental como aquella de 1994, cuando desaparecieron de un plumazo dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con ellas, más de la mitad de los ministros de aquel tiempo. Ahora, con esta reforma constitucional, lo que desaparece, para los ciudadanos de a pie, para los que padecen todas las injusticias y la inseguridad pública día a día, son las instancias judiciales.
Es decir, con esta reforma se “aprovechó” para hacer más delgada la procedencia del juicio de amparo, aquel con el que tanto alarde se hace en México para justificar la existencia de un medio de defensa para la población.
Ahora resulta que ha sido limitado, al restringirse la procedencia del denominado “amparo soberanía” que podían promover los ciudadanos comunes, es decir, aquellos que absorben todas las injusticias que suceden en este país.
Por su parte, también se deroga el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que promovían aquellos quejosos molestos con el desechamiento de la instancia que permitía que la Corte conociera de leyes que violan la Constitución.
En resumen, se suprimen instancias judiciales.
El principal problema no es, simplemente, que la Constitución haya sido reformada suprimiendo instancias judiciales para los gobernados (desde el derecho y la academia se analizará, en su momento, si esta reforma no es una reversión al acceso a la administración de justicia y, con ello, una vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos, que reza: “los derechos humanos deben apelar a que cada día exista mayor protección de estos y no viceversa”).
El problema es que, por no ver la realidad de este país, está sucediendo que, entre menos instancias judiciales existan, es más factible que se incremente la violencia. Si no hay posibilidades de acudir a un medio de defensa como gobernado, evidentemente, se genera un ambiente donde se aplica aquella lastimosa sentencia de: “hacer justicia por mano propia”.
Por lo tanto, no es un asunto de sólo quitar trabajo al Poder Judicial con esas derogaciones de instancias judiciales a los gobernados, sino que esto repercute en la creación de una sociedad más violenta. Las preguntas serán, pues, si al plantear esta reforma, quien la elaboró ¿estaba viendo la realidad de la sociedad mexicana? O, en definitiva, ¿el propósito era incrementar la violencia? Como siempre, el tiempo dará la respuesta.
