Rubén Salazar / Director de Etellekt / www.etellekt.com / [email protected] / @etellekt_
Una cosa es cambiar de parecer respecto al uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y otra muy distinta pisotear la Constitución para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el mando de la Guardia Nacional, creada formalmente en mayo de 2019, por iniciativa del Ejecutivo, con el propósito de cumplir funciones policiales a cargo de la Federación, en sustitución de la extinta Policía Federal.
El artículo 21 de la Carta Magna lo establece con claridad en su párrafo décimo: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”; además, estipula en el párrafo décimo segundo del mismo artículo, que la Guardia Nacional “…estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.
Si se pretende que la Guardia Nacional sea reasignada a Sedena y tenga una naturaleza y mando militares, la única vía posible es mediante una reforma constitucional. No basta con modificar leyes secundarias, como las que aprobaron por consigna –en menos de una semana– los legisladores del oficialismo, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, con excepción del senador Ricardo Monreal Ávila.
En tanto eso no ocurra, contrario a lo que afirmó el viernes por la mañana en Zacatecas, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, la actuación de los militares en la atención de problemáticas de seguridad pública no sólo continuará en el limbo jurídico. Podrían incurrir en delitos e infracciones administrativas cometidos por servidores públicos, al ejercer funciones o cargos públicos de manera ilegítima o sin cumplir todos los requisitos legales. Sin dejar a un lado otro tipo de responsabilidades penales que suelen asumir los mandos policiacos por los vicios de corrupción o violaciones a derechos humanos al interior de las corporaciones que comandan, como la tortura, un delito por el que actualmente se encuentran presos exmandos de la desaparecida Policía Federal, subordinados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Lo que ignora el general Sandoval González es que si inicialmente ya habían salido del limbo, se volverán a meter en él. La preocupación de contar con un marco jurídico que diera certeza al personal de la Defensa y Marina, al participar en operativos de seguridad pública, ya había quedado atendida y resuelta con la aprobación del decreto de reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, en marzo de 2019, al estipular en su artículo Quinto Transitorio que el presidente “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, por un periodo de cinco años, mientras se consolida la estructura, capacidades y presencia de la Guardia Nacional.
Incluso, la oposición ha dado su brazo –o alita– a torcer para ampliar más ese periodo. Ya se alista una nueva reforma constitucional por iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), que plantea extender la presencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas hasta 2028, planteamiento que se ha topado con pared en la bancada del Senado del PRI, que se opone a darle cauce a ese proyecto por romper la moratoria constitucional acordada con sus aliados del PAN y el PRD, que han rechazado aprobar una sola de las reformas constitucionales enviadas por el presidente, lo que resta de su mandato.
Pese a lo anterior, al menos en este sexenio, la participación de soldados y marinos en la materia se desarrollaría en el marco constitucional, del que se alejaría Sedena, al estar dispuestos a basar su actuación y actos de autoridad, relacionados con la Guardia Nacional, en función de una reforma anticonstitucional, que será impugnada por la oposición en el Senado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En esa misma conferencia mañanera en Zacatecas, en la que el general Luis Cresencio Sandoval respondía a una pregunta sobre su reunión con los diputados priístas que buscan prolongar el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuárteles por cuatro años más (2028), sostuvo que antes de estos cambios el personal militar actuaba “al margen de la ley, al filo de la navaja (…) hacía acciones, cumplía órdenes y tenía como resultado estar en prisión”, al carecer de “un marco legal para actuar en el marco de la seguridad pública”.
Desafortunadamente, han regresado al mismo punto en el que estaban y del que tanto trabajo les había costado salir, por culpa de los mismos legisladores que ahora los invitan a actuar al margen de la Constitución y de la ley, y que en su momento se opusieron a brindarles ese marco legal, siendo opositores a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, a los que acusaban de pretender militarizar el país.
En otro acto organizado la tarde del viernes en Durango, el general Luis Cresencio fue nombrado por su comandante supremo como el “encargado de la operación de la Guardia Nacional”, aun sin saber qué resolverá la SCJN respecto al traspaso del mando de la GN a Sedena.
Difícilmente, el general secretario de la Defensa o el personal a su cargo evadirán las órdenes del poder civil, pero ¿se puede ser leal a las instituciones… traicionándolas?
Como siempre, de los daños colaterales (como el caso de los dos estudiantes del TEC de Monterrey o la menor Heidi), arbitrariedades e ilegalidades que cometa el Ejército o la Guardia Nacional, continuarán haciendo responsables a los militares y no a sus jefes políticos. Los primeros que lo harán –cuando dejen el poder– serán los mismos políticos y sus voceros, que en el presente defienden el uso del Ejército y la Marina en la estrategia de “pacificación”.
Por lo pronto, la seguridad pública y nacional del país continuará estancada, por culpa de la polarización política.
