Rubén Salazar / Director de Etellekt
Hace medio año, en una entrevista que sostuve con una periodista que colabora para un medio mexicano, ubicado en la lista negra del conservadurismo del presidente, para conversar sobre la ola de asesinatos que azota al país, de manera tangencial me pidió una opinión sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la cual comparto, pues dicha parte fue omitida.
Mi respuesta fue que aún sin reformas a la Constitución, ese proyecto había iniciado muchos años atrás, desde la gestión de Ernesto Zedillo, al militarizar gradualmente a las policías de los tres niveles de gobierno –con algunas excepciones–, para enfrentar en igualdad de condiciones al narcotráfico, por lo que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de entregar el mando de la Guardia Nacional (GN) –aún de carácter civil, según el artículo 21 constitucional– a la Secretaría de la Defensa, sólo venía a concretar –o apropiarse– una obra iniciada por los gobiernos neoliberales.
A lo anterior, agregué que a pesar de que la fórmula la han venido aplicando en los últimos 25 años, de poco ha servido para neutralizar a los cárteles y disminuir la violencia letal en el país (la cual –conforme datos del Secretariado Ejecutivo– arroja un saldo de 103 mil 948 víctimas de homicidio doloso en los primeros 34 meses de la actual administración).
Le señalé que la apuesta de los últimos cinco presidentes jamás consistió en fortalecer la naturaleza civil de las policías, sino conducirlas hacia una disciplina, formación, equipamiento, autoregulación, operación y códigos de conducta y justicia marciales.
A lo que la reportera me preguntó:
“—¿Pero qué otra opción hay, si las policías no han podido con el paquete? ¿Qué más riesgos hay si asumen esa responsabilidad legalmente que, como dices, ya venían cumpliendo de tiempo atrás?”
Contesté que no sólo había el riesgo de que los soldados y marinos se vieran cooptados por la delincuencia, ahora transformados en GN, pues es lo que precisamente ha pasado cuando militares en activo o en retiro son reclutados por las policías –más expuestas a ser infiltradas por el crimen–, en su intento por emular la integridad militar, aunque sin éxito alguno.
Justo hace dos años, 18.1 y 23.6 por ciento de los mexicanos pensaban que los marinos y soldados eran corruptos, de forma respectiva, en contraparte, 55.2 por ciento pensaban lo mismo de la policía federal, 64.1 por ciento opinaban así de las policías estatales y 67.9 por ciento, de los oficiales municipales (ENVIPE, Inegi, 2019).
Aunado a las posibles violaciones a los derechos humanos, en las que pudieran incurrir la GN, Ejército y Marina al detener a presuntos infractores o contener protestas sociales, le externé mi temor de que los militares, cansados de asumir los costos de una estrategia de seguridad ordenada por sus viejos mandos civiles y para blindarse de posibles denuncias por violaciones de derechos humanos o corrupción, de organizaciones ligadas a la derecha, terminarán respaldando una dictadura civil –o dictadura perfecta, diría Vargas Llosa– y se sumarán a la cruzada de López Obrador, para combatir la narcopolítica y la corrupción política, a las que considera como la verdadera peste que hace inefectiva toda estrategia para ganar la batalla a la delincuencia y de la que acusa sólo a gobiernos de oposición. Los mismos que ahora se oponen a la militarización.
Esperaba que mi entrevistadora mostrara algún rechazo a la posibilidad de que los militares fueran empleados con un fin político. Pero su reacción fue de júbilo.
—Quizá esa sea la solución ¿no crees?
¿Quién más podría reestablecer el orden en este país, con una clase política completa o parcialmente corrompida?, ¿por qué estás en desacuerdo?, ¿en qué te perjudicaría a ti o a la gente de bien? –me cuestionó–.
—Porque a juicio de López Obrador, todo el que piensa distinto o lo cuestiona es porque quiere volver al régimen de corrupción y privilegios del pasado, eso nos volvería objetivos de su brazo armado a todos, por el simple hecho de disentir. De ser así, jamás podría volver a ejercer mi libertad de criticar al régimen y compartirlo a usted –finalicé–.
Ambos le dimos la vuelta a la página.
No así el país, en donde el temor de que los militares participen en la vida política se intensifica tras las recientes declaraciones del secretario de Defensa, pidiendo a los mexicanos unirse al actual proyecto de nación en marcha.
De los generales depende no llevar más lejos su lealtad a un presidente que está dispuesto a disolver la separación del poder político y militar, con la finalidad de imponer un nuevo Maximato y extender el tiempo de vida de un gobierno que está plagado de innumerables sospechas de corrupción.
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