Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava
Los derechos son una realidad
para los que están encima,
y una mentira para los que están debajo
…
los derechos, en lugar de servir
a la justicia, a menudo
alimentan injusticias
Gustavo Zagrebelsky
El 31 de julio será una fecha histórica para la administración de la justicia en materia administrativa federal en México.
Posiblemente, la gran generalidad de los ciudadanos no se percató de lo sucedido entre tanto distractor, como las precampañas de quienes quieren asumir la presidencia de la república para 2024 y los que hacen comparsa únicamente.
Todos ellos que se adelantaron a los momentos electorales ante la incapacidad para gobernar de la actual administración pública federal.
Esto hace necesario desviar la atención de la población con los recorridos de los presuntos apirantes por el país.
No obstante que se tiene en las narices tanta criminalidad, narcotráfico, delincuencia organizada e inflación, entre otros, el lunes 31 de julio quedará plasmado como una batalla ganada para la vigencia del estado de derecho en México.
Ese día es que se retiró de la Comisión Permanente del Senado de la República la terna de magistrados que ocuparían cargos que se encuentran aún pendientes de cubrir en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ese órgano que se implementó por la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, para que otorgue justicia en el ámbito administrativo, y particularmente en el fiscal, que tanto se necesita en el país.
Esto, porque con tantas reformas en favor de las facultades discrecionales de las autoridades fiscales se ha provocado que los contribuyentes vivan constantemente abusos y violaciones a sus derechos.
Hay que recordar que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene como objetivo resolver las controversias que se presentan entre contribuyentes particulares y los órganos que forman parte de la administración pública federal.
Por ende, toca fibras sensibles del sistema respecto a los casos que le corresponde resolver.
No es tan fácil conocer de esos asuntos por su trascendencia política y, particularmente, por sus tecnicismos, por lo cual se requiere de personal sumamente preparado, que haya corrido la milla en esas instancias.
Tal es el caso de los propios servidores públicos que han laborado por años en ese tribunal y que tienen el conocimiento pleno de lo que están haciendo y los términos en cómo deben de resolverlo, lo que únicamente da la experiencia.
Todo esto viene a colación porque se propuso por la Presidencia de la República a una gran cantidad de candidatos para asumir el cargo de magistrados de ese tribunal y que fueron desestimados el 31 de julio.
Sin embargo, la mayoría de ellos carecía de experiencia en la materia, otros más son académicos; lo que es peor, muchos de estos están más metidos en la política que en el conocimiento técnico del derecho contencioso administrativo.
Esto se supo desde los propios pasillos de los tribunales y, de haberse aprobado, ponía en riesgo la justicia en la materia administrativa, que no es cualquier cosa.
Basta con recordar un poco la historia como para saber que todo lo relacionado con impuestos, o bien con la administración de justicia en ese rubro, ha ocasionado grandes cismas de la historia.
Como referencia se tiene un problema impositivo en las colonias inglesas, en lo que ahora es Estados Unidos de América, el cual originó la independencia de esas colonias de Inglaterra.
O bien, aquí en México la muerte del presidente Francisco I. Madero. El origen del golpe de Estado que terminó con su vida fue la imposición de gravámenes a la industria petrolera, que en esos tiempos era propiedad de extranjeros, entre ellos empresas de Estados Unidos de América, en cuyo contexto se consumó la denominada “Decena trágica”.
Así, afortunadamente para los justiciables, es decir, aquellos que acuden a ese tribunal, ganaron esta batalla por medio de los senadores de oposición y, también de forma indirecta, de funcionarios del propio tribunal.
Se logró a favor de quienes cuentan con años y años de experiencia en ese órgano y que han llevado la carrera judicial en ese organismo.
Aquellos que simplemente por experiencia y por sus plenos conocimientos, sobre todos los temas que se encuentran en controversia, son mujeres y hombres idóneos para ser magistrados.
Con esta medida existe la esperanza de que se recapacite y se propongan como candidatos para esos cargos, por parte de la Presidencia de la República, a personas con experiencia, y no políticos que pudieran causar muchas consecuencias nada gratas en la administración de justicia.
Las sentencias de ese órgano afectan a las partes en el juicio y van más allá, la muestra son los dos eventos históricos ya mencionados.
