Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ www.etellekt.com [email protected] @etellekt_mayoría
Exudando nuevamente su desprecio a la Constitución, al no contar con la mayoría legislativa para modificarla a placer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó a los diputados y senadores de Morena actuar como borregos y aprobar, vía fast track, un decreto a todas luces inconstitucional, que reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental, previsto en la normatividad electoral y en la Ley de Revocación de Mandato para excluir de la misma “(…) las expresiones de las personas servidoras públicas (…)” y la “(…) información de interés público (…) que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas (…)”, el cual fue promulgado de manera inmediata por el presidente.
Con su aprobación, el mandatario intenta soslayar la restricción constitucional que prohíbe a toda persona, física y moral, incluyendo a personas servidoras públicas, hacer propaganda para influir en la opinión de los ciudadanos en la consulta de revocación de mandato.
En otras palabras, se dio una ley a la medida que le permita a él y a los suyos seguir haciendo campaña impunemente, usando tiempos oficiales y recursos del Estado. Previamente, gobernadores de Morena, en lugar de cumplir con las tareas y responsabilidades para las que fueron electos, se la pasaron promoviendo la consulta e invitando a la ciudadanía a ratificar al presidente, ostentando sus respectivos cargos públicos, por medio de sus cuentas de redes sociales, en conferencias y en actos oficiales de gobierno, es decir, haciendo un uso flagrante del dinero de los contribuyentes con propósitos electorales.
Conductas ilícitas por las cuales el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, fue a dar a la cárcel, por instruir a funcionarios del gobierno del estado, en días y horarios laborales, a recolectar las firmas ciudadanas con las que obtuvo su registro como candidato independiente a la Presidencia de México, en 2018.
Una infracción electoral que fue acreditada por el TEPJF, en cuya sentencia advertía a los futuros transgresores: “(…) las obligaciones constitucionales impuestas al servicio público debe (n) permanecer siempre, porque, repetimos, la finalidad es evitar que la fuerza del Estado, a través de los recursos humanos y materiales, se usen para influir a favor o en contra de una determinada opción electoral; permitirlo, desequilibraría la competencia electoral entre aquellos que tienen el “apoyo del Estado” y los que no” (SRE-PSC-0153-2018: p. 51).
En esa lógica de El Bronco se instaló la jefa Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al publicar en su cuenta de Twitter un desplegado en donde sus colegas de Morena apoyaban los programas y supuestos logros del gobierno de AMLO, destacando la revocación de mandato, por lo cual el INE le ordenó bajar ese comunicado y eliminar otros mensajes en los que insistía en desafiar la veda electoral.
Las sanciones del INE fueron de inmediato calificadas como medidas antidemocráticas por Sheinbaum y el presidente López Obrador, a tal grado que en su conferencia mañanera del viernes acusó a los consejeros electorales de “conspirar contra la democracia”, por querer silenciarlo respecto a la revocación, después de celebrar el decreto aprobado y catalogarlo al nivel de una “reforma” que “(…) tiene que ver con la democracia (…) para que todos podamos hablar”, omitiendo que su palabra y los fondos públicos ilimitados de los que dispone para comunicarla, pueden provocar una profunda inequidad en un proceso electoral, como expuso el TEPJF en su sentencia contra El Bronco.
Al presidente le urgía hacer un decreto a modo (que tiene el mismo valor legal que su cartilla moral), por la prisa de subir a sus redes sociales el documental del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, producido por su propagandista Epigmenio Ibarra, a unos días de inaugurar la obra.
Así, con ese decreto inconstitucional, el presidente ha instaurado la decretocracia, pisoteando las leyes y la Carta Magna, que para ser reformadas, requieren del voto mayoritario de las dos terceras partes de las cámaras del Congreso de la Unión, una mayoría parlamentaria que perdió su partido en la Cámara baja en los comicios legislativos de 2021.
De un plumazo, al firmar ese decreto, el presidente se autoerige en poder constituyente, y sus diputados y senadores, se degradaron en simples títeres, cuyos hilos son movidos desde Palacio Nacional, obligados a convalidar el absolutismo de su jefe.
Ya no hay nada que detenga a López Obrador en su afán de acotar la inversión privada en el sector eléctrico, transferir el mando de la Guardia Nacional al Ejército o desaparecer al INE y otros órganos autónomos, sin necesidad de enmendar el texto constitucional; le bastará sólo con escribir decretos a modo sobre las rodillas y salirse con la suya.
¿Quién está conspirando contra la democracia y traicionando la voluntad de los electores, que decidieron retirarle esa mayoría calificada a Morena en San Lázaro? No son los consejeros del INE, es el presidente y sus legisladores cómplices.
Las controversias constitucionales contra ese decreto no tardarán en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la noche del viernes, la sala especializada del TEPJF calificó como inaplicable el decreto de AMLO en el proceso electoral en marcha, por ser inconstitucional; sin embargo, la oposición no debe ser demasiado optimista.
Los ministros del máximo tribunal, nombrados por AMLO o ligados a él, han dado muestras fehacientes de su servilismo al titular del Ejecutivo, avalando sus actitudes golpistas al orden constitucional.
Así lo hicieron al rechazar la controversia del INE, en la que demandaba a los diputados federales proveerle el presupuesto necesario para instalar la totalidad de casillas previstas por la Ley en la Revocación de Mandato, eximiendo únicamente a los consejeros de posibles sanciones por incumplir con esa disposición. Una determinación de la SCJN que sentó un precedente que puede resultar fatídico a la democracia, en la medida que AMLO puede volver a recortarle sus finanzas al INE en 2024, para asfixiarlo, y asignar las tareas del conteo y cómputo de los votos a sus redes de simpatizantes camuflados bajo la figura del pueblo bueno, en aras de la austeridad republicana, como se advirtió en esta columna, hace algunas semanas.
Si los ministros avalan el decretazo de AMLO, estarán firmando una sentencia de muerte para la gobernabilidad democrática del país y su estabilidad política.
La decretocracia implica el fin de la democracia.
