NOTAS PARA UNA DEFENSA DE EMERGENCIA
Silvino Vergara Nava
El neoliberalismo convierte
al ciudadano en consumidor.
La libertad del ciudadano
cede ante la pasividad del consumidor
Byung Chul Han
Últimamente, parece que el objetivo de las políticas públicas en México es brindar demasiados derechos laborales. Un ejemplo de esto es la denominada ley silla, autorizada por el legislativo.
Esta ley consiste en obligar a los patrones a proporcionar una silla y un tiempo a los trabajadores que realizan sus labores de pie, para que puedan tomar asiento.
Así, se vislumbran otros derechos laborales en el futuro de esta reciente administración pública federal.
Sin embargo, no se trata de una propuesta propia de esta administración entrante, sino de una serie de cambios que se están presentando mundialmente con el denominado “capitalismo financiero”.
Así como sucedía en los tiempos del siglo XIX y aún en el siglo XX, donde el capitalismo de esos tiempos, denominado “productivo”, requería que las políticas públicas promovieran los empleos y la conformación de centros de trabajo, ahora las cosas son al revés.
No se requiere un cúmulo de trabajadores, de empleados, sino que se necesita de consumidores.
Por ende, el capitalismo que hoy nos gobierna mundialmente, al que se le denomina “capitalismo financiero”, tiene por objeto fomentar la creación de consumidores y disminuir trabajadores y empleos.
Para ello, ya se cuenta con la tecnología, con la denominada “inteligencia artificial”, que poco a poco está sustituyendo la labor de los seres humanos por “robots”.
Así, el incremento de derechos laborales es un incentivo para que los centros de trabajo piensen más de dos veces antes de contratar personal. ¿Qué sucederá con la ley silla? Es parte de esas políticas mundiales del capitalismo financiero.
Paulatinamente, las grandes empresas, para cumplir con esa reforma laboral, buscarán alternativas que no consistirán en adquirir sillas ni en otorgar tiempo a los trabajadores para que se tomen un descanso, sino en sustituir al personal por la tecnología.
Tal es el caso de los supermercados, donde las cajeras y cajeros serán, tarde o temprano, sustituidos por las máquinas automáticas cobradoras.
Lo mismo sucederá con los empleados de las estaciones de gasolina y en muchos giros de restaurantes y hoteles, donde los trabajadores realizan sus labores de pie.
Por ello, estas reformas legales son la mejor justificación para sustituir a los empleados por esas máquinas.
De paso, las políticas públicas gubernamentales se ven bien, brindando derechos que, desde luego, no se van a cumplir.
¿Y qué sucederá con las medianas y pequeñas empresas? Aquellas que no tienen capacidad económica ni visión de invertir en la tecnología de información.
Unas tendrán que, temporalmente, cumplir la ley instalando sillas.
Otras pagarán multas o se defenderán de ellas en los medios de defensa ordinarios, mientras llega el momento en que cierren, vendan las empresas, quiebren o se harten de la competencia contra los grandes monopolios.
Por ello, es claro que esa expansión de derechos laborales va encaminada a que las empresas que sobrevivan en el mercado mexicano después del T-MEC, del 1 de julio de 2020, busquen alternativas para no contratar trabajadores.
Al mismo tiempo, las grandes empresas, corporaciones y monopolios exigen su lugar, con la necesidad de que sus productos o servicios sean consumidos.
Por ello, lo que se requiere para ese gran mercado no es contratar empleados; por el contrario, lo que se necesita es de consumidores.
Por eso, los Estados, como sucede con el Estado mexicano, no tienen como prioridad que dentro de sus políticas públicas se fortalezca la población para convertirla en empleados de las empresas, ya sean mexicanas o extranjeras.
Se requiere de consumidores de los productos y servicios que ofrecen esas compañías; eso es el capitalismo financiero o de la vigilancia.
Por ello, no se otorgan apoyos económicos a la población; los subsidios son condicionados a que sean destinados para invertir, para incrementar sus plantas productivas o para poner un pequeño negocio.
Estos recursos económicos se otorgan para que les permitan tener el carácter de consumidores, no para alguna inversión.
Las políticas públicas, por ello, van destinadas a procrear consumidores.
Dentro de ellas se encuentra fomentar derechos laborales para que no se otorguen por los patrones, o para que resulte tan complicado brindarlos que sea necesario buscar otras alternativas.
Pero, ¿cómo sustentar estas conclusiones sobre las políticas públicas actuales?
Basta con repasar el discurso del 29 de enero de 2020 del presidente de los Estados Unidos de América, quien en esa fecha estaba firmando el T-MEC. Su misión es muy clara: generar consumidores en la región.
