NOTAS PARA UNA DEFENSA DE EMERGENCIA
SILVINO VERGARA
Intelectuales orgánicos.Unas personas cómodamente ubicadas en un universo de fundaciones, favores y retribuciones que les aconsejan vender sus servicios intelectuales al poder para obtener beneficios privados en vez de defender intereses públicos
Javier García Roca
Después de 14 decretos de reformas constitucionales que se publicaron en México –si se contabilizan desde el 15 de septiembre de 2024 al 17 de enero de 2025; es decir, en apenas cuatro meses– lo que se avecina es una gran cantidad de reformas legales, nuevas leyes y modificaciones a un sinnúmero de reglamentos.
En la Cámara de Senadores se ha sostenido que en la Presidencia de la República se preparan aproximadamente 300 modificaciones, reformas legales y leyes nuevas en este 2025; año en el que parecía que no había muchas sorpresas legales y resulta que sucederá lo contrario: se romperá récord en los cambios legislativos, y, con el cambio del Poder Judicial, modificaciones en los precedentes y jurisprudencia.
En esta realidad, ¿qué le depara al ciudadano de a pie? Desde luego que un alto grado de incertidumbre que, cuando nos topamos con esa inseguridad, la economía se tambalea. Basta recordar las lecciones de derecho, en donde se dicta que la seguridad jurídica lo que protege son los derechos de libertad, pero no como los conocemos hoy, sino como derechos de libertad económica; la libertad para pocos de hacer negocios, de firmar contratos, de hacer operaciones mercantiles y financieras.
En resumen, la seguridad jurídica, al implementar reglas claras en sus leyes y códigos, brinda la certidumbre necesaria para elaborar los negocios más certeros; pero esa seguridad jurídica se tambalea cuando estamos ante estas realidades: 14 reformas constitucionales y proyectadas 300 modificaciones legales.
Y, ¿qué sucederá con los asesores legales?, ¿cuál será la posición de los especialistas en este caso en el derecho? Ya se ha citado al autor español Javier García Roca, que, dicho sea de paso, pareciera que lo que sucede actualmente en México es generalizado, al sostener que muchos de estos asesores hacen “contorsionismo”, “gimnasia jurídica”, para justificar jurídicamente lo injustificable.
Y esto no es solamente de los asesores del sistema. Basta con observar lo que ha sucedido con la decisión en noviembre en la Corte mexicana, al justificar en una jurisprudencia la constitucionalidad de la agencia nacional de aduanas de México, a pesar de que no cuenta con una ley propia y sí con un simple reglamento.
Pero eso no es todo. El otro problema es la postura de los asesores de empresa, los especialistas al servicio de los clientes, quienes, independientemente de la existencia de esas reformas constitucionales y las leyes que se avecinan, lo que están viviendo en el ambiente generalizado consiste en que han perdido la credibilidad con los clientes; se ha perdido la legitimidad de que el conocimiento y el estudio puedan sacar adelante los problemas jurídicos de los clientes, de los asesorados.
Esta realidad se vive en el día a día con que ahora cualquiera puede opinar de cualquier tema, especialidad, problema y con la ligereza de asumir que se tiene conocimiento sobre ese tema.
El profesor español Daniel Innerarity les denomina “los tertulianos”, que son aquellos que en los cafés, en las reuniones, en los restaurantes, en los clubes sociales y empresariales se enteran superficialmente de algún tema y con ello es suficiente para que establezcan una postura o hagan una recomendación, a la cual, desafortunadamente, en muchas ocasiones se le da más credibilidad que a las recomendaciones, estrategias y opiniones que formula un especialista.
Este problema no es solamente para los especialistas en materia fiscal y jurídica en general, llámese contadores públicos, abogados, administradores y economistas, sino para cualquier profesionista, sean ingenieros, arquitectos y hasta los propios médicos. Es más, con estos se puso en duda la ciencia ante COVID-19; la mejor prueba de la incertidumbre con esos especialistas fue que miles de personas prefirieron no vacunarse.
En estos tiempos de reformas constitucionales, modificación y reformas legales, implementación de nuevos reglamentos, además de esta habitual sustitución del especialista por un simple comentario de café, desde luego que la mejor defensa y la primera defensa fiscal por lo pronto es contar con información.
Hoy la diferencia está entre el que se encuentra informado y el que, sin preocupaciones, se olvida de todo lo que le rodea. Basta con constatar que los actuales millonarios no son aquellos que cuentan con grandes extensiones de tierra o grandes fábricas y llenos de mercancías, sino los que cuentan con información.
Pero hay que tener cuidado. Contar con simples datos y noticias de lo que se está publicando respecto a cambios de leyes y reglamentos no es suficiente; es necesario procesarlos racionalmente para que verdaderamente sea información, y eso solamente lo hace la mente humana, por lo menos hasta el momento, y ésta es la primera defensa fiscal: la información.