Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ nomwww.etellekt.com etellekt@etellekt.com @etellekt_
M ientras conducía su vehículo por calles de la colonia San Ángel, al sur de Ciudad de México, Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal –en el gobierno de Felipe Calderón– y exsecretario de Seguridad Pública de Puebla –en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas–, atropelló accidentalmente a una mujer, causándole la muerte.
El hecho no podía pasar desapercibido para los medios, por la importancia jerárquica de los puestos que ocupó en el servicio público y, sobre todo, porque tras la detención de su exjefe, el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en los Estados Unidos (ordenada por una corte federal en Brooklyn, Nueva York, por los delitos de conspiración –relacionados con tráfico de cocaína–, proyecto criminal continuado y perjurio, presuntamente al haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa), Facundo Rosas compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su declaración en relación con indagatorias en México que involucraban a García Luna.
Las razones de la FGR descansaban en que Rosas Rosas no sólo había sido un exfuncionario de primer nivel subordinado a García Luna; la relación entre ambos exfuncionarios trascendió su paso por el gobierno y continuaron trabajando juntos en proyectos privados.
Así lo hicieron en la empresa de consultoría GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC, propiedad de García Luna, en la que Facundo Rosas ocupaba el puesto de consultor en seguridad, especializada en la gestión de riesgos de seguridad, aunque al mismo tiempo desarrollaba un índice de gobernabilidad, que servía como acicate a los críticos de Peña Nieto y López Obrador, para evaluar sus resultados y acciones de gobierno.
Según denunció el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto –un año antes de que renunciara rodeado por el escándalo de su boda en Guatemala y de sus propiedades de lujo inexplicables–, la empresa de García Luna empleó un software de espionaje israelí, denominado NiceTrack Location Tracking, adquirido por la secretaría de Seguridad Pública federal cuando se encontraba bajo su mando.
La cercanía de Facundo Rosas con Genaro García lo convertían en objetivo primario de una operación político-judicial, trazada por el gobierno de López Obrador, que persigue a toda costa responsabilizar de la violencia homicida, iniciada a partir de la guerra al narcotráfico, que ha dejado en los últimos 15 años un total de 386 mil 517 víctimas (SESNSP e INEGI, 2022), a Felipe Calderón y a sus exfuncionarios de seguridad, a los que pretende llevar ante la justicia, no sólo por presuntos vínculos con los criminales, autores materiales de estas matanzas, sino por los probables delitos de lesa humanidad que cometieron al permitir el tráfico de armas de contrabando a organizaciones delictivas, según para ubicar –infructuosamente– a los líderes del narcotráfico, mediante la operación Rápido y Furioso, lo que anticipó esta columna hace cinco meses:
La ofensiva judicial le serviría de coartada a López Obrador con tal de deslindar a su gobierno del fracaso de la estrategia de “abrazos no balazos” –su plan no es enmendarla y reconocer que se equivocó, estriba en culpar al pasado–, que ha resultado un fiasco en la meta de pacificar al país.
A principios de enero, la FGR confirmaría la versión, al dar a conocer que había obtenido órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino (actualmente preso, acusado de cometer el delito de tortura), Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo (al que le enviaron las armas del operativo) y otros cuatro personajes de los que omitió sus nombres, implicados en la operación Rápido y Furioso.
El misterio de los cuatro nombres reservados por la FGR ha comenzado a despejarse con motivo del percance vial en el que Facundo Rosas se vio inmiscuido y, por el cual, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, al mando de Omar García Harfuch (quien ocupó diversos cargos en la Policía Federal, teniendo a Facundo Rosas como jefe), lo detuvieron y presentaron ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), en la que enfrentaría el cargo de homicidio culposo. Rosas Rosas afirmó no haber visto a la mujer que embistió con su auto, pero tampoco a los elementos de Marina, que acudieron a la agencia de la FGJCDMX para arrestarlo por su probable responsabilidad en el delito de omisión, asociado con el ingreso ilegal de armas a México de Rápido y Furioso. Al ser extraído del lugar por los marinos, exclamó a los medios allí presentes: “Esta es una persecución política del actual presidente” y, de ese punto, lo trasladaron a instalaciones de la FGR, para luego llevarlo a un penal federal en Sonora.
La detención de Facundo Rosas ocurre casi al mismo tiempo que un juez federal ordenara investigar al zar anticoronavirus, Hugo López-Gatell, denunciado igualmente por omisión de parte de los familiares de las personas fallecidas por COVID-19. López Obrador sabe que la suerte de López-Gatell se encuentra ligada a la suya en la gestión negligente de la pandemia, teme que los opositores emprendan por esa razón una campaña para acusarlo a él y a su gabinete de salud, también por crímenes de lesa humanidad, debido a los más de 468 mil decesos por el virus.
El presidente se encuentra incómodo por esta posibilidad y otros escándalos recientes, de corrupción y posibles delitos electorales, que involucran a sus hermanos, hijos, prima, una de sus nueras y ministros de su gabinete.
La captura de Facundo Rosas parece indicar que por cada golpe recibido, el gobierno dará otro más fuerte. La diferencia es que los opositores dependen de una Fiscalía General de chocolate y, acaso, de los medios si desean hacer ruido, en tanto que AMLO dispone de todo el aparato judicial del Estado, el cual seguirá empleándolo políticamente a su antojo. El choque de trenes luce desigual, al menos por ahora.
