Ser asertivo en un pronóstico periodístico sobre sucesos de repercusión no siempre es satisfactorio. La verdad es que ante escenarios complicados, a veces uno quisiera equivocarse.
Este no fue el caso y lo explico en secuencia a nuestra anterior colaboración.
En este mismo espacio, justo hace una semana, dimos cuenta de la resolución de un juez federal que ordenaba a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez.
El mandato legal fue expedido a partir de una denuncia que en noviembre de 2020 presentaron ante la Fiscalía los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID-19.
Tras una primera negativa de la autoridad y después de un juicio de amparo, el juez consideró que había elementos para indagar al funcionario público, respecto a su presunta responsabilidad de omisión en el delito de homicidio frente a la pandemia de la COVID-19, al considerar que hubo negligencia, falta de cuidado y el debido ejercicio de su función pública en la atención de víctimas del virus y, que esa desatención, tuvo como resultado material la muerte de miles de mexicanos.
La autoridad judicial –advirtió también– que “la FGR no puede ser omisa en la investigación y en todo caso debe emitir una respuesta fundada y motivada que explique por qué no realizaría la indagatoria reclamada”.
Nos preguntamos entonces qué es lo que podría ocurrir y sentenciamos de manera rotunda que no pasaría nada, pues a pesar del sustento legal de la acusación y que hay una percepción generalizada sobre los múltiples desatinos de López-Gatell, todo quedaría en un escándalo mediático.
Y concluimos que “López-Gatell goza del manto protector del presidente López Obrador y eso es suficiente para deducir que la FGR –también a disposición de la 4T a pesar de su autonomía– encontraría el vericueto legal para desechar nuevamente la denuncia”.
Y así fue, hasta el extremo.
Al ser cuestionado sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó días después que el gobierno de México daría todo su apoyo jurídico, político y moral a Hugo López-Gatell.
“Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra la COVID”.
Y no sólo eso. El mandatario cuestionó el fallo emitido por el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, debido a que “fue producto del rencor, del odio y de la politiquería. Me consta que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable”.
“No sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría: de odio; no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales”.
Y agregó: “Hugo López- Gatell es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público, pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores”.
Del cuestionado responsable de enfrentar la pandemia en México, abundó que “es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo”.
Para rematar, insistió que el odio contra López-Gatell no proviene sólo de los denunciantes, “sino de la oposición, que siempre ha deseado que la epidemia sea un desastre, pero no les ha dado resultado”.
“No sólo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación, pero no son pocos, son millones, porque así es el conservadurismo”.
En realidad no habría que sorprenderse el tono enfático con el que el presidente López Obrador ya exoneró a López-Gatell, quien por cierto esta semana incurrió en su enésima pifia al contradecir a la Organización Mundial de la Salud, sobre la necesidad de inmunizar a los menores de 5 a 14 años de edad.
De este modo, quedan allí, para la posteridad y para el juicio público, las expresiones presidenciales en su defensa.
Resulta que López-Gatell es un profesional responsable, es un auténtico servidor público, sus servicios a la sociedad han sido excepcionales, es de los mejores especialistas del mundo en pandemias y que las acusaciones provienen del odio, del rencor, de la politiquería y del conservadurismo.
Visión diferente con carga ideológica y política para negar la realidad a toda costa, como ocurre sistemáticamente en otros ámbitos de la vida nacional.
Negación absoluta de que la incompetencia es también una forma de corrupción, un tentáculo pernicioso que igual se ignora, aunque los hechos demuestren lo contrario.
Eso es complicidad, la misma que se obsequia generosamente a sus fieles incondicionales que a sus familiares.
Así, mientras en el discurso se pregona una política de anticorrupción y austeridad republicana, esta semana se exhibe que el hijo mayor del mandatario López Obrador, José Ramón López Beltrán, lleva una vida plena de lujos y vive en una residencia en Houston (Texas, EU) con valor estimado en un millón de dólares.
Antes fue su hermano, luego sus más cercanos colaboradores, ahora su propio hijo.
Allí quedan también como evidencias para el juicio de la historia.
Y lo que nos falta todavía.
