Iván Mercado / @ivanmercadonews / FB IvánMercado
Con una decisión que se extendió por casi dos semanas, por lo complejo o lo indeseable del anuncio, el gobierno federal informó finalmente que a partir del 1 de octubre se iniciará el registro de un millón de menores de edad que sufren alguna comorbilidad que los ha tenido en riesgo desde que inició la pandemia en nuestro país hace 18 meses.
La postura inamovible del incondicional subsecretario de salud fue no vacunar a menores de edad mexicanos bajo el principio de que no existía ninguna evidencia “científica” de que esos bióticos en etapa experimental fueran a cambiar la condición de un segmento poblacional con poco riesgo de morir.
Y así, por meses, se mantuvo el inefable titular del manejo de la pandemia en nuestro país, hasta que se abrió la grieta y los laboratorios Pfizer hacía formal su anuncio de que su biótico podía ser aplicado a menores de edad de hasta 12 años.
Casi de inmediato comenzaron a surgir los recursos de amparo que padres y madres (abogados en un inicio) solicitaron ante autoridades federales a fin de reclamar y con ello garantizar derechos constitucionales y hasta internacionales en materia de salud.
Con la llegada de los primeros amparos llegaron también las muy condicionadas primeras vacunas para menores de edad que fundamentalmente tuvieron que demostrar ante la autoridad judicial una condición de salud limitada que los hace susceptibles de recibir inmunidad, y al estado lo obliga a entregar los biológicos celosamente manejados .
El camino no sólo no fue bien visto por el desgastado subsecretario, quien incluso llegó a proponer enviar información científica a jueces para tratar de contener la literal cascada de amparos concedidos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Su estrategia de cero vacunación a infantes mexicanos fracasó aun con ese argumento inadmisible que quedará para la historia: “Por cada dosis de la vacuna que se desvía hacia un niño o una niña, cuyo riesgo es menor, se le quita la oportunidad a un adulto que sí tiene un riesgo mayor”.
Es así que, con la protección de la justicia federal, la estrategia oficial contra la COVID-19 volvió a fracasar ante la lluvia de amparos que se siguen concediendo, y, por ello, su jefe, el presidente, tuvo que ordenar una nueva estrategia para corregir la nueva pifia del cuestionado científico.
Por ello, a partir del próximo viernes, las codiciadas vacunas “anticovid” se tendrán que abrir para quienes logren demostrar y justificar que su vida ha estado y sigue estando en verdadero peligro ante una pandemia que no da muestras de agotamiento desde que se registró el primer caso en el país.
Así, para evitar que sea en los juzgados donde se obtengan las vacunas que el Estado no ha querido entregar para este segmento poblacional, las autoridades anunciaron la creación de una plataforma que dará forma a un censo de las y los menores de edad que deberán, por “responsabilidad y estrategia”, ser inoculados y protegidos a la brevedad.
En el primer anuncio se habló de un millón de candidatos; sin embargo, horas más tarde, el propio subsecretario incrementó el numero a millón y medio de personas que podrán formar parte de este mecanismo de selección para ser “escogidas” y vacunadas.
Para evitar errores de selección, el funcionario federal informó y detalló una serie de criterios técnicos y clínicos recomendados por agencias internacionales de salud y que deberán ser cumplidos por los menores.
Entre los requisitos básicos destacan la edad, la condición de riesgo, la lista detallada de comorbilidades y la logística para que las jornadas especiales pueda desarrollarse bajo un mecanismo probado en todos los estados del país.
El 28 de septiembre se publicará el lineamiento oficial, donde se informará qué padecimientos serán observados como condición especial para alcanzar la anhelada inmunización con la vacuna de los laboratorios Pfizer.
El registro comenzará a operar desde el 1 de octubre en la página mivacuna.salud.gob.mx, para que, una vez preparados y autorizados los hospitales a seleccionar, comiencen a ser convocados e inoculados todos los inscritos a partir de la segunda semana del mismo mes.
La interrogante sobre como serán “escogidos” o seleccionados los menores que necesitan del biótico para enfrentar los riesgos de la pandemia se ha despejado al informarse las enfermedades a considerar por parte de los padres de familia o tutores. Es así que deberán ser vacunados todos los menores (incluidas las mujeres con embarazo adolescente) que sufran alguna inmunosupresión, como cáncer, trasplantes, VIH, entre otras.
También deberán ser considerados y vacunados todas y todos aquellos con algún padecimiento pulmonar grave, afecciones crónicas renales, hepáticas o del sistema digestivo.
Los padecimientos neurológicos graves también figuran en la lista del gobierno federal; las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otros padecimientos endócrinos –incluida la obesidad grado 2– también son motivo de un registro y una vacunación obligatoria por parte del Estado mexicano.
Dadas las circunstancias especiales y de riesgo para esta enorme masa poblacional, los centros de vacunación tendrán que ser previamente seleccionados por autoridades federales y estatales.
Se debe destacar que, a diferencia de todas las jornadas practicadas hasta ahora en población adulta, los menores de edad con condiciones especiales por sufrir una o varias comorbilidades deberán ser inoculados en hospitales de segundo y tercer nivel, a fin de poder atender cualquier reacción al biótico.
En el estado de Puebla, existen por lo menos 67 mil 37 menores de edad que deberán ser registrados en la plataforma de la Secretaría de Salud federal para posteriormente ser llamados y vacunados contra COVID-19.
Es así que esta vacunación, que pareciera forzada para las autoridades federales, detendrá momentáneamente los amparos promovidos por padres de familia que han vivido año y medio con el miedo de perder a sus hijos dada su condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), los menores de edad en México representan más del 30% del total de la población, lo que abre la pregunta: ¿Los padres de niñas y niños sanos buscarán el mismo camino de los amparos para que el Estado garantice la inmunización de sus hijos?.
O esperarán a que haya un inesperado y poco probable giro en la política oficial de inoculación de las mismas autoridades que han sostenido que en México los menores sanos “mueren más por accidentes que por COVID”.
Guste o no, el Estado está obligado a proteger a la población, aunque para ello haya que lidiar con el “mercantilismo” que representa la industria farmacéutica; la misma que tiene los medicamentos que necesita el pueblo bueno y sabio.
