Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ orgawww.
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E n plena víspera de Navidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó suspender los trabajos de la revocación de mandato por insuficiencia presupuestal, a raíz de que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados –por órdenes de Palacio Nacional– le recortaran 4 mil 913 millones de pesos a su presupuesto para 2022, que lo dejaba sin los fondos necesarios para cumplir con la eventual organización de la consulta.
Esto, al menos hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolviera la controversia constitucional que el INE promovió una semanas antes para impugnar el tijeretazo a sus finanzas.
En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó literalmente con suplantar al INE, encomendando la tarea a una casa encuestadora o al mismo pueblo, sin reparar en las claras violaciones a la Constitución que implicaba tal ocurrencia.
Principalmente, porque la revocación de mandato no es un asunto trivial que pueda realizarse sobre las rodillas de la gente, a través de consultas populares patito –como la realizada por Morena en 2018 sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco–, mediante tómbolas o rifas, a contentillo del mandatario.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción novena, así como en la respectiva ley reglamentaria, se trata de un instrumento de democracia participativa que posee las mismas dimensiones de una elección presidencial, al estar en juego la permanencia del titular del Poder Ejecutivo federal.
Por ejemplo, la Ley Federal de Revocación de Mandato establece, en su artículo 40, que “la jornada de revocación de mandato se sujetará al procedimiento dispuesto para la celebración de la jornada electoral“, previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en su artículo 42, ordena al INE “(…) habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal (…)”.
En este sentido, el llamado –amago– de López Obrador al pueblo a hacerse cargo de la misma –o reducir el número de casillas como medida de ahorro–, resultaba a todas luces inconstitucional. El INE es el único ente responsable de “la organización, desarrollo y cómputo de la votación” del proceso revocatorio, con el apoyo y participación de los ciudadanos y las ciudadanas, que de acuerdo con la Ley General, son los encargados de integrar las mesas de casilla, para el escrutinio y cómputo de los votos, como ha ocurrido en los procesos electorales del país.
Aspectos legales que el mandatario minimiza –y desprecia–, por su profundo desconocimiento de las normas que rigen la actuación de los servidores públicos, a los que considera extremidades de un elefante reumático, cuyo peso obstaculiza el avance de su proyecto de transformación, el cual, por cierto, jamás ha contemplado un plan de mejora regulatoria para hacerse a sí mismo viable, que destierre las prácticas burocráticas que afectan no sólo a su gobierno, sino a ciudadanos y empresarios en general.
Aun cuando la SCJ y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenaron suspender el acuerdo del INE, continúa pendiente la resolución de la controversia presentada por este último ante el máximo tribunal, en la que busca revertir el recorte a su presupuesto.
Si la SCJ falla nuevamente en contra del INE, se corre el riesgo de orillarlo a implementar fórmulas de austeridad que terminen por viciar sus procedimientos internos y afectar con ello la certeza de los resultados de una elección o consulta popular en el futuro; si así lo deciden los magistrados, nada impedirá que AMLO replique la fórmula en 2024 –para entonces 8 de los 11 consejeros electorales habrán sido nominados por su partido–, con el propósito de reventar financiera y operativamente al INE y termine convocando una vez más al pueblo –o peor aún, al pueblo uniformado– para organizar los comicios presidenciales en puerta.
Nadie puede oponerse a una democracia electoral menos costosa. Existen opciones tecnológicas que deben explorarse, pero sobre todo aprobarse mediante reformas constitucionales y no por caprichos presidenciales, como el voto y cómputos electrónicos, actas digitales y acotar las prerrogativas de los partidos, entre otras.
El problema es que lo que deja entrever la narrativa hostil de AMLO hacia el INE, no es una visión reformista orientada a su adelgazamiento y eficiencia administrativa, sino su intención deliberada de convertirlo en un engranaje más de la maquinaria del régimen que encabeza, para conservar el poder.
