Por: Samantha Vasquez
Tras la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México, se aprobó la Ley Federal de Derechos de Autor y se reformó el Código Penal Federal para hacer cumplir dicha ley, para garantizar los compromisos tomados en materia de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el tratado comercial.
A pesar de que el capítulo 20 del T-MEC pretenda mejorar las medidas de protección de derechos de autor para elevarlas a estándares internacionales, la manera de hacerlo ha resultado en una reforma sumamente intrusiva que afecta directamente los derechos humanos.
De acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Digitales, la Ley Federal de Derechos de Autor funciona con el mecanismo estadounidense de notificación y retirada. Es decir, cuando un usuario reporte que un contenido digital viola sus derechos de autor, incluso sin tener ninguna prueba de esto, los proveedores de servicios de internet tienen obligación de retirar el contenido.
Esta forma de operación contrasta e infringe el artículo 6 de la Constitución mexicana, que declara que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.
Este artículo explica que sólo se puede proceder a la inquisición judicial y administrativa en caso de que se violen los derechos a terceros, sin embargo, para esto se requieren evidencias que demuestren y respalden que se están violando dichos derechos, lo cual no se contempla en la nueva ley.
Este mecanismo de notificación y retirada da pie a promover la censura. Cuando una persona o un grupo esté en desacuerdo con las ideas de algún contenido, basta con reclamar derecho de autor para que el material salga del ciberespacio.
Sin documentación alguna que evidencie la acusación. Eso deja a periodistas, activistas y creadores de contenido sin ninguna medida que los proteja de la censura. Y puede ser desde un meme en redes sociales hasta investigaciones periodísticas. Con la aprobación de esta ley, el derecho a la libertad de expresión y opinión se ve sumamente afectado.
En el artículo 17 de la Constitución mexicana se especifica que: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. (…) Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución”.
De la misma forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19 afirma que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La Ley Federal de Derechos de Autor, entonces, en los hechos da pie a que se violen dos artículos de la máxima norma del país y uno de la Declaración General de los Derechos Humanos. Y son los que se oponen al abuso del poder. Con la violación a la libertad de expresión se limita el acceso a la información, otro derecho humano fundamental en la sociedad. De la mano con el mecanismo de censura, la limitación para el uso de fragmentos de obras originales como apoyo para ilustrar, explicar y enseñar vulnera diferentes instituciones, desde medios de comunicación hasta educativo.
Este aspecto que afecta tanto la manifestación de ideas como la generación de conocimiento deja a una población con lagunas de información que le impiden conocer un panorama completo de la realidad, lo cual se traduce en la dificultad de tomar decisiones críticas.
Estas reformas resultan sumamente intrusivas para los derechos humanos, la censura teniendo como consecuencia la imposibilidad de informar a la ciudadanía, criticar y exigir a las autoridades.
En un país con el historial de México en materia de libertad de expresión y censura, donde por diferentes situaciones se ven afectados los derechos, es importante destacar que esta nueva ley se suma a los actores sociales que perjudican los derechos humanos y que en un principio estas leyes deberían garantizarlos, no violarlos.
